Mencionó que los familiares y los 13 judiciales que fueron liberados, ya se presentaron a denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero el trámite tardará más de dos años antes de que se emita una recomendación a la PGR para que investigue el caso.
Sugirió que es mejor que de una vez denuncien ante la PGR para que la investigación comience lo antes posible.
Destacó que también deben solicitar el apoyo de la Defensoría de Oficio Federal para que los judiciales detenidos no estén solos.
Naranjo Cortés resaltó que tuvo razón desde el principio, cuando se llevaron a los judiciales integrantes de la Secretaría de Marina, al exigir que regresaran a los detenidos sanos y salvos, cosa que no sucedió, ya que fueron torturados y ahora se sabe que se los llevaron sin la debida orden de aprehensión, lo cual es una ilegalidad y una injusticia.
