*Queda en entredicho actuación del Auditor Superior, señala Santiago
Chávez.
COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos del Congreso del Estado, señaló que el actuar del titular del
Osafig queda en entredicho, al facilitar que queden sin sanción los
exdiputados locales que se entregaron un bono económico.
En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Nicolás
Contreras, Julia Licet Jiménez, Riult Rivera y Federico Rangel, todos
integrantes de la Comisión de Hacienda, Santiago Chávez Chávez señaló
que con su actuar, el auditor superior Armando Zamora González, inhibió
la instauración de un procedimiento para fincar a los exdiputados las
sanciones que él mismo propone.
Explicó que el artículo 126 de la Constitución de Colima señala que “la
responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o
empleados públicos que gocen de fuero constitucional, sólo podrá
exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. Las
sanciones correspondientes se aplicarán dentro de un periodo no mayor de
un año a partir de iniciado el procedimiento”.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda dijo que por la
fecha que entregó al Congreso del Estado el informe de resultados de la
cuenta pública del año 2015 del Poder Legislativo, el pasado 29 de
septiembre, el Auditor Superior inhibió la instauración de un
procedimiento para fincar las sanciones que él mismo propone.
Ante ello, dijo que esa situación pone en entredicho el actuar del
auditor superior, “pues la primera impresión nos orilla a pensar que fue
una conducta dolosa para facilitar que los diputados que menciona en su
informe queden si sanción, al no ser jurídicamente posible actuar para
sancionarlos sin contrariar lo señalado en la Constitución Local”.
Indicó que los exdiputados señalados en el informe de auditoría, el
pasado 30 de septiembre cumplieron un año de haber dejado ese cargo; es
decir, al siguiente día de que fue entregado el informer, un día antes
de vencerse el término establecido en la Constitución de Colima para
poder imponerles una sanción.
“El auditor superior, como titular de un órgano técnico especializado,
es sabedor del contenido de la normatividad, por tanto debió haber
previsto entregar el informe con la debida antelación, para que la
legislatura estuviera en condiciones de accionar como lo disponen las
leyes en esos casos”, dijo Santiago Chávez.
Aseguró que no existe precepto alguno que obligue al entregar de manera
conjunta los resultados de los 22 entes.
Expuso que también pone en entredicho la actuación de Zamora González,
la manera como se conduce en la revisión de la situación excepcional a
la administración del exgobernador Mario Anguiano.
Apuntó que la dilación en la entrega de esa revisión excepcional y los
diversos plazos autoimpuestos incumplidos por el Auditor, llevan a
suponer que existe el ánimo de fabricar una situación similar a la de
los exdiputados para favorecer la impunidad.
“Esto es así porque estamos a escasos 18 días para que se cumpla un año
del término del encargo del exgobernador y de diversos funcionarios de
su administración que gozaron de fuero y que, de encontrarse implicados
en alguna irregularidad, también resultarían favorecidos, al no haberse
exigido su responsabilidad en el término legal establecido”, señaló.
Santiago Chávez dijo que a él y a los integrantes de la Comisión de
Hacienda, les preocupan las diferencias y la falta de claridad en el
criterio que aplica el Auditor Superior en la fiscalización de los
diferentes entes.
Destacó serias deficiencias en observaciones de índole económica
“parcialmente solventadas”, donde los informes no especifican en qué
consiste esa solventación parcial, ni señala las cantidades que no lo
fueron, sin que exista tampoco una propuesta de sanción sobre lo no
solventado.
Comentó también sobre observaciones no solventadas, que sin embargo no
motivaron la propuesta de sanción, además de no contarse hasta el
momento con los documentos comprobatorios del informe de resultados.
“Todo lo anterior nos deja entrever la posible parcialidad esgrimida por
el Auditor Superior en la revisión de las cuentas públicas, siendo de
tal manera grave que, como hemos expresado, en algunos entes se observan
y sanciona dichas irregularidades, mientras que en otros, advirtiendo su
existencia no se propone sanción a quienes las cometieron.”
Finalmente, expuso que la Comisión que él preside deberá realizar una
revisión a fondo, pues “el Osafig nos está complicando el trabajo; sin
embargo cumpliremos en tiempo y forma con los plazos que la ley
establece”.