Colima, Col.- Productores de arroz del estado de Colima denunciaron que no les han liberado recursos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que les ha traído una situación económica insostenible.
De acuerdo al presidente del Sistema Producto Arroz del Estado de Colima, Samuel González Rodríguez, ello se deriva al retraso en el pago del apoyo a la comercialización correspondiente al ciclo 2024, cuyo monto total asciende a 33 millones 500 mil pesos
“Sader o ha emitido la mecánica operativa necesaria ni ha liberado los recursos a las delegaciones estatales para proceder con el pago, a pesar de que el ciclo PV 2025 está por concluir sin que se haya cubierto el incentivo del año anterior”.
Dijo que la situación crítica que atraviesa el sector no es exclusiva del estado, sino también de agroproducutores de maíz y caña de todo el país quienes tienen dificultades por la ausencia de apoyos oportunos.
“Estamos desesperados. El apoyo a la comercialización que la federación prometió desde hace más de un año para compensar nuestros costos de producción sigue sin llegar”.
El apoyo pendiente corresponde a 2 mil 256 pesos por tonelada producida y vendida, con el objetivo de alcanzar el precio de garantía de 8 mil 206 pesos por tonelada, ya que el precio comercial pagado por los compradores fue de apenas 5 mil 950 pesos.
Ambos montos, recordó, fueron establecidos por la propia SADER.
En Colima, durante el ciclo 2024 se produjeron 14 mil 815 toneladas de arroz en 2 mil 963 hectáreas ubicadas en Cuauhtémoc, Colima y Coquimatlán, lo que genera la deuda federal de 33.5 millones de pesos con los 150 productores de la entidad.
A nivel nacional, el adeudo supera los 350 millones de pesos a productores del ciclo PV 2024.
“Los arroceros de Colima ya no queremos más demoras. Exigimos el pago de un recurso que está presupuestado y que es fundamental para continuar sembrando. Hemos sido tratados con una indiferencia que lastima y que pone en riesgo nuestra actividad”.
Advirtió que la falta de cumplimiento federal compromete la continuidad de una actividad productiva clave para cientos de familias que dependen del cultivo del arroz en el estado.