Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Colima, negó que existan empresas “fantasmas” concursando en la asignación de obras o servicios en los proyectos de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo como lo habría expresado el diputado local, Francisco Rodríguez García.
El presidente de CMIC Colima, Carlos Maldonado Orozco, calificó que es infundada e irresponsable la declaración del legislador hacia miembros de la Cámara de la Construcción.
Como es de recordarse, Rodríguez García señaló que las empresas Dilar e Ipabeco, son ‘fantasmas’.
Maldonado Orozco desmintió dicha afirmación y presentó a los empresarios Sergio Díaz Larios, de Dilar, y Francisco Aguilar Zaragoza, de Ipabeco, quienes han estado afiliados en la CMIC desde hace 10 y 24 años, respectivamente.
Ambos empresarios hicieron un llamado al legislador, Francisco Rodríguez García, a retractarse públicamente.
“Son empresarios formales de la industria de la construcción y no se puede poner entredicho por un servidor público (Rodríguez García) que al amparo de su cargo pudiera entonces con esa ligereza estar definiendo la participación de nuestros compañeros como empresas fantasma”.
Apuntó que la CMIC no se presta ni se dedica a simular o trabajar de manera ‘oscura’ con algunos servidores públicos.
Maldonado Orozco sugirió a Francisco Rodríguez ponerse a trabajar para lo que fue electo: generar leyes y reglamentos.
EMPRESA IPABECO S.A.
Aguilar Zaragoza, de la empresa Ipabeco, mencionó que en el video que publica el diputado Rodríguez García, visitan el antiguo domicilio fiscal de la empresa.
“En julio hice cambio de domicilio y sigo trabajando, el hecho que un padrón de contratistas no esté actualizado no me califica como delincuente ni para optar por concursos de obra pública”.
El empresario dijo que le molesta que los traten de delincuentes, ya que en últimos años ha escaseado la obra y es difícil, para que un diputado les cause un daño moral.
EMPRESA DILAR S.A.
Díaz Larios, de la empresa Dilar, apuntó que son empresas constituidas legalmente y el domicilio fiscal lo tienen junto al Colegio de Arquitectos, del cual es presidente.
“Tenemos el cambio de domicilio desde noviembre 2018 (…) entonces que se nos diga que no estamos localizados y en el marco de la legalidad, sobre todo de que venga de un actor político que tiene que vigilar la legislación y otro tipo de cuestiones”.
Dijo que esperan que las declaraciones que hace el diputado no afecten al interior de API y demás dependencias.