Exhortan a oficinas públicas a garantizar acceso a personas con capacidades diferentes

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foto de archivo

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A través de un exhorto, el diputado panista Crispín Guerra urgió a las oficinas públicas garantizar la atención prioritaria a las personas con algún tipo de discapacidad, que requieran de acceso a sus servicios.

“Por tal motivo, propongo que los entes públicos, capaciten a por lo menos dos integrantes de su personal de acuerdo con las normas técnicas que el INCODIS proponga en materia de organización y prestación de servicios. Del mismo modo, incorporarán en sus sitios de internet, información suficiente sobre sus servicios, con una presentación idónea para consulta de las personas que sufran alguna discapacidad”, puntualizó.

En su exposición de motivos, el legislador expuso que se busca reducir las brechas de oportunidades que actualmente aquejan a un sector demográfico tan importante como vulnerable en el estado de Colima.

“Nos referimos a las personas que padecen algún tipo de discapacidad que condiciona su desarrollo dentro de la sociedad y dificulta su acceso a los bienes y servicios públicos”, señaló.

Guerra Cárdenas, señaló que las personas con discapacidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son aquéllas con alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, escuela o trabajo.

“En el estado de Colima, según cifras proporcionadas por el INEGI en 2010, las personas con discapacidad se distribuían en un 59.3 por ciento en el rubro de la discapacidad motora, 25.3 por ciento, con discapacidad en la vista, 12.9 por ciento con deficiencias en la escucha, 10.2 por ciento con problemas de habla o comunicación, 7.9 por ciento, con discapacidad de tipo mental y un 6.7 por ciento con déficit de atención y aprendizaje”, finalizó.

Por último, el legislador reconoció el avance logrado en la materia, en México y en sus entidades federativas prevalecen aún varios obstáculos sociales y culturales, así como barreras generadas por la indiferencia de la autoridad, que impiden a las personas con discapacidad desenvolverse como cualquier otro miembro de la comunidad, y que inclusive los colocan en peligro frente a emergencias y situaciones críticas.