*Se auditó a los 3 poderes, 10 municipios, 9 organismos operadores de agua, 7 organismos autónomos estatales; adicionalmente se sumó organismos descentralizados.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Indira Isabel García Pérez, en carácter de Auditor Superior del Estado y titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, hizo entrega este día al Congreso del Estado las auditorías correspondientes a las Cuentas Públicas 2022 de los 3 poderes del Estado, 10 municipios, 9 organismos operadores de agua, 7 organismos autónomos estatales.
Adicionalmente se auditó a cuatro organismos descentralizados: el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima; Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM); Tecnológico Nacional de México (Tec Colima); Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (PECOL).
El documento fue entregado por la Auditor Superior a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública del Poder Legislativo, Lizzie Moreno Ceballos, y al presidente de la Coordinación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), Armando Reyna Magaña, y otros legisladores.
Indira García señaló que como parte importante de las auditorías financieras se revisan 5 componentes del control interno (ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión), con el propósito de detectar áreas de oportunidad en el desarrollo institucional, mediante un cuestionario derivado del Marco Integral de Control Interno, mejor conocido como MICI.
Agregó que “esto ha permitido que los Entes Fiscalizados establezcan líneas de acción que contribuyan en la prevención de actos ilegales y hechos de corrupción, por eso hemos trabajado en coordinación con los encargados del control interno para que además de atender las disposiciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, generen condiciones internas que contribuyan a la eficiencia y eficacia del desempeño profesional de los servidores públicos y la optimización de los recursos públicos”.
Asentó que en el marco de la revisión de la cuenta pública también se realizan las auditorías de desempeño con lo que se verifica que cuente con los elementos y herramientas para la integración de un presupuesto basado en resultados, y que el ejercicio del gasto público esté justificado en sus metas y objetivos. Buscando brindar información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda, recomendaciones de mejora, con base en los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Esto ha permitido que los Entes Fiscalizados pongan mayor atención a una planeación basada en la metodología del marco lógico, integrando las funciones correspondientes a su normativa interna y las áreas que lo desarrollen”, dijo.
Hizo un reconocimiento al personal del Osafig, que de manera profesional y comprometida con la ciudadanía brindan día a día mejores resultados.
García Pérez señaló que con la entrega de estos informes “concluimos la primera etapa del proceso de revisión de la Cuenta Pública 2022, que es la de la inspección de la cuenta pública que se realiza al sujeto de revisión, entendida esta como una entidad abstracta de la estructura de la administración pública, misma que finaliza con la remisión de los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2022 de los Ente Fiscalizado al Congreso del Estado.
“Dejamos en manos de esta Legislatura la segunda etapa que es la de la calificación de las mismas, esto para los efectos constitucionales procedentes; y, por otra parte damos inicio a la tercera etapa que es la del procedimiento administrativo de responsabilidad a cargo de las autoridades competentes y mediante el cual se determinará y sancionará al servidor público o particulares responsables de la comisión de irregularidades que se desprendan como resultado de los trabajos de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2022 de los Entes Fiscalizados.
“Al respecto, debe tenerse en cuenta que bajo el nuevo modelo de prevención, detección, disuasión y sanción de las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos, así como de faltas de particulares que se vinculen a estas, las Entidades de Fiscalización Superior Locales competentes para hacer valer la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debemos ejercer nuestras atribuciones a través de las dos etapas procesales básicas que la propia Ley señala: como son el de Investigación y el de Substanciación.
“Dichas etapas se desarrollan mediante mecanismos que constituyen parte del procedimiento administrativo sancionador, el cual se sigue mediante un procedimiento especial normado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en virtud del cual, se debe respetar y hacerse efectivas las garantías de presunción de inocencia y debido proceso, que nuestro Marco Normativo contempla a favor de las personas indiciadas en un procedimiento del cual pueda surgir una pena o sanción, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, concluyó.