*Los principales derechos transgredidos fueron: Derecho a la Legalidad, Derecho Humano a la Integridad y Seguridad Personal, Derecho a la Seguridad Jurídica, Derecho al Debido Proceso, Derecho de Acceso a la Justicia. *Rindió el presidente de la CDHEC su informe de labores. *Critica represión de manifestaciones.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Al rendir su Informe Anual de Labores, correspondiente al 2022, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez, destacó que durante el periodo que se informa dicha instancia abrió un total de 539 expedientes por presuntas violaciones a los derechos humanos, emitiéndose un total de 12 recomendaciones, siendo la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Estatal Penitenciario, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud las entidades más señaladas por presuntas violaciones a derechos fundamentales.
Ante el pleno del Congreso del Estado y con la presencia de la Secretaria del Bienestar del Gobierno del Estado, Dulce Huerta Araiza, en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, así como un gran número de invitados, principalmente de organismos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil, el presidente de la CDHEC destacó que por primera vez en Colima este informe se elaboró en versión Braille e hizo un llamado para fortalecer las políticas públicas, planes y programas de todos los gobiernos con la perspectiva de personas con discapacidad.
Convocó a que “todos los presupuestos y recursos públicos se inviertan atendiendo a la accesibilidad universal, tenemos una deuda con las personas que viven con discapacidad, tenemos que adaptarnos a sus necesidades y no ellas al mundo”, dijo.
En el documento presentado y entregado a los representantes de los tres poderes del Estado, el presidente de la CDHEC se describe de manera detallada todas las actividades realizadas por la institución que de manera conjunta vienen a fortalecer el objetivo, primero y último del Organismo Protector, que es la promoción, protección, garantía, defensa, vigilancia, respeto, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos humanos en el estado.
Con la presentación de este informe, se da cuenta del estado que guarda la institución, los objetivos y metas alcanzadas, los avances en la colaboración con las diferentes dependencias, organizaciones gubernamentales, asociaciones civiles, activistas y la ciudadanía en general, en la construcción de la sociedad democrática a la que aspiramos todos y todas, además del ejercicio del presupuesto aprobado para el año fiscal 2022.
En este segundo año de ejercicio del actual periodo institucional, es importante destacar los objetivos que se han ido cumplimentando, uno de ellos y que reviste fundamental importancia es la actualización y armonización del marco normativo; en este aspecto, y derivado de que en el año 2021 el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ya que la anterior era de 1992, por lo que era imperativo abrogar y aprobar el nuevo reglamento interno de esta institución.
Roberto Ramírez informó que durante este año de actividades, en lo referente a la atención, recepción, trámite y resolución de expedientes de queja por presuntas violaciones a Derechos Humanos, se abrieron 539 expedientes, esto es, 223 menos a los registrados el año 2021 cuando se abrieron 762 expedientes.
Dio a conocer que de estos 539 expedientes se concluyeron 371 a través de los distintos mecanismos con los que se cuentan, además se resolvieron de manera satisfactoria mediante gestión u orientación 426 asuntos, los cuales quedan documentados y registrados, sin la necesidad de que se abra un expediente de queja y siga todo el procedimiento establecido, esto, gracias a las nuevas herramientas legales que otorga la nueva Ley Orgánica, lo que permite tener una Comisión más eficiente y efectiva.
“Con este nuevo ordenamiento, se privilegia la restitución inmediata de derechos, más allá de un procedimiento que nos lleve a la recomendación, que en los hechos puede ser más largo, desde luego, el mecanismo de restitución aplica siempre y cuando la persona quejosa este de acuerdo y el asunto de que se trate lo permita”.
Asimismo, detalló que la Comisión realizó 74 Inspecciones, 95 Visitas a Centros Penitenciarios,173 Visitas Domiciliarias,09 Recursos de Inconformidad,02 Medidas Cautelares, 47 Recursos de Exhibición de Personas, 12 recomendaciones, 226 Diligencias de Procedimiento en Centros de Reclusión, 01 Apoyos a CERESOS dentro del Diagnóstico Nacional Penitenciario de la CNDH, 02 Documentos de No Responsabilidad, 27 Reuniones de Coordinación Interinstitucional y Sociedad Civil y se atendieron 229 Llamadas al Celular de Emergencias.
Apuntó que de las recomendaciones emitidas, está acreditado que se violentaron los Derechos Humanos de Legalidad, Seguridad jurídica, Trato digno, Libertad, Integridad, Seguridad personal, Igualdad y no discriminación, Protección a la salud, Vida, Trabajo digno, Medio ambiente sano, libertad de tránsito, acceso a la justicia, seguridad social y el acceso a una vida libre de violencias contra las mujeres.
El grupo en situación de vulnerabilidad más atendido en las recomendaciones fueron las mujeres.
BÚSQUEDA DE PERSONAS
Asimismo, Roberto Ramírez hizo un llamado a todas la autoridades, de todos los niveles de gobierno, para que cada una desde el ámbito de atribuciones, “fortalezcamos e intensifiquemos las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas”.
Demandó actuar “con empatía hacia las víctimas indirectas, que nos pongamos en el lugar de las personas y nos imaginemos su dolor y desesperación, ya que están buscando a un hijo, hija, padre, madre, hermano o hermana, y que desde el servicio público, todas las personas actuamos en la amplitud de nuestras responsabilidades, apegados a los protocolos de actuación”.
Hizo un llamado, para que se logre localizar a todas las personas que se encuentren desaparecidas, de manera especial, en este momento, al abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia.
Asimismo, criticó la represión de manifestaciones, tal y como ocurrió recientemente en esta entidad para evitar un bloqueo de vías de comunicación.
“Hago un llamado a que se respete y garantice la libre manifestación. Vivimos en un país en donde la democracia actual se ha construido en base al ejercicio irrestricto a los derechos humanos, cuando la autoridad no los quiso reconocer, la sociedad salió a las calles para hacerse visible y que las escucharan.
“La libre manifestación ha sido la fuerza motriz de algunos de los movimientos más poderosos, han sacado a la luz injusticias y abusos, han exigido rendición de cuentas y han inspirado a las personas para que sigan esperando un futuro mejor.
“La posibilidad de manifestarse en condiciones de seguridad, es una obligación del Estado, lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser condicionado y mucho menos reprimido”, dijo.
Por último, Roberto Ramírez afirmó que “no se puede decir que un Estado es democrático, si existen violaciones a derechos humanos, si concurren restricciones a la libertad, si hay vulneraciones a la propiedad y seguridad jurídica, si prevalece la incertidumbre de la protección a la salud y a la vida, por estas razones y más, no cesaremos en las convicciones del establecimiento de garantías para que todas las personas encuentren en la institución un respaldo sólido y profesional. Que se escuche fuerte y claro, seguiremos luchando para que en Colima se respeten “Todos los derechos, de todas las personas”.
