Hipólito Arellano|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Empresarios Colimenses de la Unión de Gasolineros del Estado de Colima, Coparmex, Canaco, Canirac y Canacintra, denunciaron a través de un comunicado arbitrariedades de la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO) en su programa de verificación en contra del sector empresarial con las que se ha clausurado o suspendido a empresas formalmente establecidas, donde en algunos casos la dependencia ha multado y suspendido de manera intempestiva, escandalosa e irrespetuosa por cuestiones administrativas que no tienen afectación en la relación consumidor-proveedor.
Entre las exigencias de este sector empresarial, está el poner un alto inmediato al estrepitoso montaje efectuado por Profeco en el Estado de Colima y a nivel nacional en su programa de verificación, así como la remoción de sus cargos del actual Procurador Federal del Consumidor Alfredo Castillo Cervantes, el Subsecretario de verificación y a la Delegada en Colima, María Isabel Espinoza Martínez.
En el comunicado de prensa, las cámaras empresariales aseguran que en aras de “representar y defender los legítimos intereses del sector productivo del estado de Colima, siendo órganos de colaboración y consulta obligatoria del Gobierno y reconociendo en todo momento que existen leyes a las cuales todos estamos sujetos”, denuncian: “medidas arbitrarias tomadas por la PROFECO en su programa de verificación”, ya que “en algunos casos la dependencia ha multado y suspendido de manera intempestiva, escandalosa e irrespetuosa por cuestiones administrativas que no tienen afectación en la relación consumidor-proveedor, poniendo en riesgo la supervivencia de la economía formal en la entidad.”
De igual manera, puntualizan que “en las revisiones a gasolineras y que muchas han sido clausuradas, no ha sido por despachar litros incompletos, sino por criterios personales de los verificadores. La falta de respeto con la cual se trata a los empleados y propietarios de establecimientos sujetos a dichas verificaciones, llegando sin identificación que los avale como personal de la Profeco con lo cual se abusa de su posición y se atropella los derechos humanos de quien los atiende.”
Destacan que “no ha habido interlocución adecuada entre la dependencia y el sector empresarial. La fuerza desmedida y la agresividad con la que se está tratando peor que a delincuentes a las empresas formalmente establecidas y la nula verificación a la economía informal, de manera abierta y directa afecta al consumidor. El daño moral y patrimonial que ocasiona a las empresas y a su personal, pone en riesgo el empleo en el Estado”, y aseguran que “la falta de compromiso para con el Presidente de la República y para el Plan Nacional de Desarrollo, ya que como autoridad debieran buscar generar las condiciones para un mayor crecimiento económico, en lugar de atacarlo frontalmente.”
Por tanto, estos organismos empresariales ya mencionados, exigen “un alto inmediato al estruendoso montaje perpetrado por Profeco en el Estado de Colima y a nivel nacional en su programa de verificación; la remoción de sus cargos al actual Procurador federal del consumidor, al Subsecretario de verificación y a la Delegada en Colima; establecer un diálogo abierto con todos los organismos empresariales; el combate frontal al comercio informal; emprender acciones preventivas por parte de Profeco con el propósito de buscar un adecuado equilibrio entre el consumidor y el proveedor; respeto a los empresarios y colaboradores de todas las empresas del país; el establecimiento de medidas preventivas y de autogestión para ayudar a las empresas a corregirse con un objetivo no recaudatorio sino de mejores prácticas empresariales, y un apego responsable a la ley y su aplicación general a todo el comercio.”
Finalmente los empresarios colimenses, en este comunicado afirman que sus “organismos apoyan a la Profeco en su labor de velar por los intereses de los consumidores, pero nunca de esta inquisitiva manera”, por lo tanto consideran “necesario que se verifique y suspenda el comercio informal que afecta directamente al consumidor y se nos ayude al formal a continuar trabajando apegados a la Ley.”