Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Si todavía existían dudas sobre la gravedad de la situación de Rubén Rocha Moya, el propio régimen y la presidenta Claudia Sheinbaum terminaron por hundirlo políticamente al deslindarse de su regreso a la gubernatura de Sinaloa, situación que lo obligó a volver a pedir licencia apenas 24 horas después de reasumir el cargo este fin de semana.
Y es que si Rocha Moya es inocente y el régimen está convencido de ello, ¿por qué la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional de Morena se deslindaron tan contundentemente de su regreso?
Fue tan patente el rechazo que el gobernador tuvo que regresar al ostracismo. Después de 112 días de licencia volvió al cargo y, prácticamente al día siguiente, reculó para solicitar nuevamente separarse de la gubernatura por tiempo indefinido.
Si el asunto dependiera exclusivamente de las instituciones mexicanas, probablemente Rocha Moya ya habría intentado cerrar políticamente el expediente con alguna determinación de la Fiscalía General de la República. Pero aquí existe un problema imposible de soslayar: las acusaciones más graves provienen de Estados Unidos, cuyas autoridades lo señalan por presuntamente conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y favores políticos. He ahí el detalle.
Además, el gobierno estadounidense presentó desde abril una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador sinaloense. No estamos hablando, por consiguiente, de simples señalamientos lanzados desde la oposición mexicana ni de una disputa mediática interna.
Un gobierno verdaderamente interesado en deslindarse de cualquier sospecha de complicidad tendría que permitir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. O incluso el mismo imputado acudir ante las instancias legales que lo acusan para defenderse y demostrar su inocencia, si realmente lo es, como asegura Rocha.
Sin embargo, el régimen de Claudia Sheinbaum ha optado durante meses por una ambigüedad políticamente costosísima: no entrega a Rocha Moya a las autoridades estadounidenses, pero tampoco logra cerrar definitivamente las investigaciones en México. Lo defiende cuando considera que existe una intromisión extranjera, pero cuando el gobernador intenta recuperar el poder, Morena se deslinda y prácticamente le cierra la puerta.
Esa estrategia puede servir para ganar tiempo, pero difícilmente beneficia al Estado mexicano, cuya imagen queda ensombrecida por la sospecha de protección política a personajes señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Porque el verdadero problema nunca ha sido únicamente Rubén Rocha Moya. Él puede ser apenas la punta del iceberg. La cuestión de fondo es hasta dónde podrían llegar las redes de corrupción y criminalidad dentro del poder político y qué tanto están dispuestas las instituciones mexicanas a investigarlas.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene ahora una oportunidad para demostrar que su gobierno no protegerá a nadie. Pero eso requiere que las instituciones investiguen y que las responsabilidades se determinen sin importar nombres, cargos ni filiaciones políticas. Algo que hasta el momento no se ha visto en el régimen, sino todo lo contrario ha permeado la impunidad. Y de ejemplo están los hijos del ex presidente y sus amigos.
Dos puntos
Hasta dónde llega la soberbia de la clase política, particularmente del oficialismo, que pese a las acusaciones que pesan en su contra y a los procesos abiertos contra antiguos colaboradores, Rubén Rocha Moya decidió regresar a la gubernatura después de más de 100 días de haber solicitado licencia por primera vez. Duró apenas 24 horas. Se sienten tan seguros de su impunidad que ya ni las formas cuidan.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.