Por: Ángel Durán
La justicia que una persona recibe no debería depender de que su asunto sea conocido por una autoridad federal o por un tribunal de su estado.
En ambos casos están en juego su dignidad, sus derechos y la obligación de las instituciones de ofrecer una respuesta pronta, imparcial y fundada.

Por eso, la llegada del doctor Antonio Sorela Castillo a la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre una oportunidad que los poderes judiciales locales, incluido el de Colima, pueden aprovechar.
Durante mucho tiempo hemos hablado de la justicia federal y de la justicia estatal como si caminaran por separado.
Cada una tiene sus competencias, desde luego, pero ambas forman parte del esfuerzo del Estado mexicano por garantizar el acceso a la justicia. Comparten un deber constitucional y enfrentan desafíos que pueden atender mediante la cooperación.
El tamaño de la responsabilidad local es evidente. De acuerdo con el INEGI, durante 2025 ingresaron 270,401 causas penales a los poderes judiciales estatales, frente a 22,221 en el ámbito federal, dentro de los sistemas penal acusatorio y de justicia para adolescentes considerados en el censo.
Es decir, la gran mayoría de esas causas llegó a tribunales de las entidades federativas.
La justicia local también conoce diariamente de asuntos familiares, civiles, mercantiles, laborales y de otras materias que afectan directamente la vida de las personas.
Una pensión alimenticia, el cuidado de una niña, una controversia patrimonial o la protección de una persona adulta mayor requiere autoridades preparadas y con sensibilidad humana.
El diagnóstico de Colima invita a actuar.
En el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del World Justice Project, la entidad obtuvo 0.40 en justicia civil y 0.39 en justicia penal, en una escala de cero a uno.
Son datos de esa edición y no describen por sí solos toda la situación actual, pero muestran desafíos que merecen atención.
La buena noticia es que existe una base para construir puentes. La fracción VI del artículo 18 del Reglamento Orgánico de la Suprema Corte contempla que la dirección a cargo del Dr. Sorela auxilie en el diseño e implementación de estrategias de colaboración con las entidades federativas en derechos humanos y pluralismo jurídico.
Las recientes reformas constitucionales prevén acciones de enlace institucional con gobiernos locales, conforme a las autorizaciones correspondientes.
Además, el Plan Estratégico 2025-2027 de la Corte plantea coordinar los sistemas de justicia federal, estatal y comunitario mediante el diálogo, los protocolos y los convenios de colaboración. La propuesta, por tanto, tiene un punto de partida dentro de la propia institución.
El Poder Judicial de Colima podría solicitar formalmente a la Suprema Corte, por conducto de la dirección encabezada por el Dr. Sorela, una mesa de trabajo para identificar necesidades y construir un programa de fortalecimiento. No se trata de imponer decisiones a los jueces locales: se trata de compartir conocimiento, herramientas y experiencias, respetando su autonomía e independencia.
En ese esfuerzo deberían participar magistradas y magistrados, juezas y jueces de las distintas materias, personal judicial, defensoras y defensores públicos, asesoras y asesores de víctimas, fiscalías, policías, peritos y abogacía litigante.
También sería valioso escuchar a universidades, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
La capacitación tendría que ser práctica. Podría incluir análisis de casos sobre control de convencionalidad, derechos de niñas y niños, perspectiva de género, atención a víctimas, justicia indígena, valoración de pruebas y cumplimiento de sentencias.
La inteligencia artificial también merece un espacio, acompañada de protección de datos y supervisión humana.
El doctor Sorela conoce Colima y ha trabajado en la formación y difusión de los derechos humanos. Su trayectoria puede ayudar a tender este puente.
Corresponde a las instituciones locales acercarse, formular propuestas y dar seguimiento a los acuerdos que lleguen a construirse.
Una justicia nacional más humana necesita jueces preparados, instituciones coordinadas y condiciones dignas de trabajo. Colima puede tomar la iniciativa. La sociedad merece que todas las autoridades judiciales tengan herramientas para proteger sus derechos con la misma seriedad.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.






