Por: Noé Guerra Pimentel
Es historia conocida que en 1808 Napoleón invadió España, todo el imperio español se quedó sin monarca. El Ayuntamiento de México, influido por la Constitución de Cádiz, propone que la soberanía sea del pueblo, el golpe peninsular de 1808 aplasta la intentona. El discurso oficial dice que la noche del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo gritó. No hay acta, solo díceres, su Bando de Valladolid del 6 de diciembre de 1810 decretó la abolición de la esclavitud, él mantenía sus esclavos. Fue una revuelta de un sector del clero, no un Estado. Hidalgo murió fusilado en 1811 sin haber establecido un gobierno.
El vacío lo llenó su alumno, Morelos; si Hidalgo, igual que otro medio centenar de curas revoltosos incendiaron el Bajío, José María, como tal, construye. Toma el sur, organizó un ejército y en 1813 convoca al Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Allí lee los “Sentimientos de la Nación”: “Que la América es libre e independiente de España”. Por primera vez se habla de independencia, sin el pusilánime de Fernando VII.
De ese Congreso nace el 22 de octubre de 1814 el “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Septentrional”, la Constitución de Apatzingán. Para el virrey Félix Calleja, como para la mayoría de vecinos fue nula y herética. Para el posterior discurso y derecho mexicano fue otra cosa. Su art. 5 estableció: “La soberanía reside originariamente en el pueblo”. Ernesto de la Torre Villar lo resume: “Apatzingán no tuvo vigencia, pero tuvo validez”.
José Barragán añade: “El grito es tradición oral, Apatzingán es derecho escrito”. Nunca se aplicó porque el Congreso, el grupo de cercanos a Morelos, a los que nadie postuló ni eligió, ni tenían representación alguna, huía y Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 (luego de traicionar a todos sus seguidores vivos), pero ese documento sin duda es el molde, la matriz de 1824 y 1857. Fue el primer boceto constitucional de la búsqueda de orden, derechos, paz, justicia e igualdad.
Once años de guerra (de guerrillas, de caos y desorden) sin bandos definidos ni victoria, Iturbide, el coronel realista, pacta con el único insurrecto visible, aunque escondido y a salto de mata en la sierra, Vicente Guerrero en Acatempan y proclama el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821: Religión, Independencia y Unión. Con el Ejército Trigarante entra a México el 27 de septiembre y firma el Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821 y los Tratados de Córdoba con O’Donojú. Iturbide es el único, aunque la narrativa oficialista lo desconozca, que logra el reconocimiento jurídico.
Lucas Alamán, tan conservador como objetivo, lo llamó “el verdadero libertador” en su Historia de Méjico. En contraparte, Luis Villoro, acérrimo liberal, defiende a Hidalgo como “la primera toma de conciencia de la nacionalidad”. La política nacionalista decidió y estableció su narrativa. La República liberal de Juárez, por decreto del 16 de septiembre de 1857, necesitaba un padre mestizo, laico y mártir (“como anillo al dedo”), no un emperador (“¡Fúchila, guácala!”) Oficializó a Hidalgo como “Padre de la Patria”. Y de ahí para acá.
Con un sentido autocrítico, en elemental justicia histórica, considero que el México actual al menos debe plantearse entre tres paternidades: Una ética y simbólica, la de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga Mandarte y Villa-Señor, que inicia; una doctrinal y de base constitucional, José María Teclo Pérez Morelos y Pavón, que busca legislar; y una jurídica y efectiva, la de Agustín Cosme Damían de Iturbide y Arámburo, que consuma la separación administrativa entre el imperio español y el naciente imperio mexicano el 28 de septiembre de 1821, hace 205 años de su publicación. Ahí están los hechos.
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