Sobre el mismo tema, Alfredo Figueroa, consejero electoral y presidente de la comisión de quejas del IFE, aseguró que a diferencia de las elecciones de 2006, cuando hubo clara injerencia del entonces presidente Vicente Fox en los comicios, el instituto cuenta ahora con mejores herramientas legales que le permiten regular la posible intervención de funcionarios en las elecciones federales o posicionamientos que pudieran incurrir en calumnias.
Entrevistado sobre la polémica desatada entre el gobierno federal y la dirigencia nacional del PRI, derivada de las declaraciones del presidente Felipe Calderón en las que sugería la presunta inclinación de priistas por pactar con el narcotráfico, Figueroa declinó referirse al fondo del asunto, ante la eventualidad, como anunció el tricolor, de que se interponga una queja al respecto ante el instituto.
A su vez, el ex consejero electoral Virgilio Andrade consideró que Calderón debiera asumir un “deber de cuidado” en sus posicionamientos relacionados con algunos temas prioritarios de la agenda, para no incidir en la contienda electoral. Subrayó que los funcionarios públicos, y en especial el Presidente, deben conducir su actuación con imparcialidad.
Figueroa manifestó que a raíz de algunos excesos que se detectaron en los comicios de 2006 se procedió a aprobar reformas legales precisamente para evitarlos. “Las reglas entre aquel proceso y éste son muy diferentes en torno a lo que pueden hacer los funcionarios y el uso de recursos públicos. Además, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han emitido nuevos criterios para regularlo”, puntualizó.
En la Cámara de Diputados, adonde asistió al tercer coloquio La democracia mexicana en clave de género: rumbo a las elecciones de 2012, Valdés Zurita informó que hasta la mañana de ayer el tricolor no había interpuesto la queja que anunció presentaría contra Calderón por sus declaraciones a The New York Times, de que priistas piensan negociar con el narcotráfico.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE, informó que se inició la valoración jurídica “para proceder en contra del Presidente de la República por esta actitud que consideramos lamentable y frívola, pero ilegal, sin duda, y que forma parte de una estrategia dirigida desde Los Pinos para difamar y denostar”. Asimismo, a petición del grupo parlamentario del PRI, la Cámara de Diputados debatirá el tema en la agenda política. El vicecoordinador priista, José Ramón Martel, afirmó que no es suficiente la “aclaración” de la Presidencia sobre las declaraciones de Calderón, y afirmó que su bancada le exigirá mesura.