Análisis Político
Por: Abel González Sánchez
El desaire público que hizo el presidente Manuel López Obrador, al gobernador de Puebla, trascendió políticamente y socialmente en el país, y pasará a la historia como una descortesía humana y social de un mandatario en México ante un protocolo de comportamiento humano que deberían cumplir todos los funcionarios para acreditar que sí tienen el perfil para ser buenos gobernantes, tolerantes, plurales y nada de rencorosos ante posibles conflictos internos o externos en la actividad gubernamental por la alta investidura que representan, ni a Morena le gustó porque se trató de un desaire a un gobernador de su propio partido, pues como decía el Padre Bátiz, “el saludo no se le niega ni a un perro”.
Hubo fuerte crítica nacional en las redes sociales porque se vio claro en el video que cuando se subió al templete el presidente, el gobernador Miguel Barbosa difícilmente se puso de pie con el apoyo de una persona por el problema de su pie, pero al pasar el mandatario nacional junto a él lo ignoró de plano, volteando hacía arriba y se sentó a su lado sin dirigirle la palabra, ¿no hubiera sido mejor cancelar el evento?, sabemos que esa descortesía fue para mandarle un mensaje muy claro a Miguel Barbosa por sus errores como gobernador, pero el otro mensaje es el que debió cuidar, el que nos manda a todos los mexicanos, porque le dañan más bien a su investidura como un buen presidente educado ya que el saludo es uno de los valores humanos básicos, y no podemos justificarlo que por motivos de la pandemia no lo saludó. Estas actitudes generan enconos y división social.
Cuando Donald Trump arribó a un evento, la mujer más poderosa de los Estados Unidos, Nancy Pelosy, por ser la presidenta de la Cámara de Representantes, y ella a pesar de que son opositores, le extendió la mano a Trump y el presidente la ignoró, la dejó con la mano extendida, pero ya saben cómo son las mujeres, no se dejan, rápido le aplicó una respuesta allí mismo a su desaire, levantó el documento del mensaje del presidente Trump que daría y lo rompió públicamente logrando los aplausos y ambos empataron en sus arranques psicológicos personales. ¿Qué hubiera pasado si Miguel Barbosa se hubiera parado y retirado del evento, dejando al presidente? Sería gran escándalo político nacional. ¿Acaso los gobernadores tienen que aguantar los desaires de los presidentes? ¿Así deben aguantar también los alcaldes la descortesía de un gobernador? Peña Nieto también injustificadamente le negó el saludo en un evento a Carolina Gudiño ex alcaldesa de Veracruz y también a la ex líder nacional del PRI Claudia Ruiz Massieu y al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Así es la política mexicana, no avanzamos nada.
REFORMAS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Desde enero del presente año trascendieron un conjunto de iniciativas por parte de Morena principalmente un paquete legislativo de reformas en materia de procuración de justicia en el país, entre ellos las que se plantean para la expedición de un Código Penal Nacional cuyo objetivo es unificar y establecer tipos penales que tendrían vigencia y aplicación en todo el territorio nacional. Lo curioso es que no son las que requiere el país para mejorar la seguridad pública, sino son varias iniciativas que atentan contra la libertad de expresión e información en el país, consiste en la intención de volver a incorporar los que se han denominado como delitos contra el honor (difamación, calumnias, injurias). Estos tipos de delitos han sido objeto de múltiples recomendaciones, informes y resoluciones de organismos internacionales, con el objeto de que sean derogados, siempre que constituyan una restricción desproporcional al ejercicio de la libertad de expresión e información. Además de que violan la Constitución General de la República. Algunas iniciativas pretenden determinar como delito el utilizar medios electrónicos por presionar y criticar a la autoridad, a los funcionarios y más aún las servidoras públicas, mediante expresiones que produzcan daño moral y generen violencia de género y descrédito social.
APRUEBA COLIMA LEY INGRID SIN CONSULTA POPULAR El Congreso del Estado de Colima aprobó hace unos días la llamada Ley Ingrid por ser proyecto del gobierno de la Ciudad de México, la iniciativa de la ley fue presentada por el diputado Vladimir Parra Barragán y las diputadas Ana Karen Hernández Aceves y Blanca Livier Rodríguez Osorio, con ella se adicionó el artículo 240 Bis al Código Penal del Estado de Colima. Recordemos que el pasado 9 de febrero de 2020 sucedió el feminicidio de Ingrid Escamilla, sin embargo, imágenes de su cadáver fueron publicadas en diferentes plataformas, por lo que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa en el Congreso de la capital para evitar que este tipo de filtraciones vuelvan a ocurrir. Se perseguirá penalmente a quienes indebidamente difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal tendrá una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa equivalente de 50 a 100 UMA´s. Lo curioso es que así como esta ley no fue discutida ni valorada por las partes que pudieran ser afectados y menos por los reporteros, periodistas, locutores o por los medios informativos que podrían ser sujetos a proceso penal.
Sería conveniente que los representantes de los medios informativos, club de reporteros y comunicadores valoren más detenidamente este tipo de iniciativas que se aprueban sin ninguna consulta popular y sean debidamente valoradas conjuntamente con las barras de abogados, pues autorizan a las autoridades a quitar cámaras, celulares etc. a los reporteros cuando hay supuesta flagrancia ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Todo contra los medios de comunicación? No cabe duda de que vamos de mal en peor, en lugar de caminar vamos para atrás, la intimidación y el encarcelamiento de los comunicadores por hacer ruido por la violencia y en lugar de darles facilidades como se hace en la mayoría de los países, que al detener a un ratero o delincuente homicida no tienen que difuminar su rostro, allá al contrario publican su rostro todos los medios para que lo ubiquen al delincuente como un castigo social y hasta para ubicarlos y atraparlos por la misma ciudadanía en una investigación, aquí al contrario, hay que proteger al asesino, criminal, al ratero que incide cada a rato, no pueden publicarlos por sus derechos humanos, pero sí pretenden meter a la cárcel al periodista. ¡Qué bien vamos!.