Con esta medida se prevé facilitar el acceso de ese sector de la población a documentos, como leyes y normatividades, y que puedan tomar sus propias decisiones de forma independiente para participar así en las de sus comunidades.
El magistrado Manuel González Oropeza, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que se trata de una iniciativa del TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se concretó a través de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación.
Destacó que con el conocimiento de leyes, como la electoral y las que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, las personas con discapacidad contarán con más elementos para exigir sus derechos político-electorales ante las autoridades jurisdiccionales.
Expuso que la igualdad debe reconocer desigualdades naturales, capacidades diferentes, distintos sexos y aspiraciones diferentes, lo que es uno de los problemas que enfrentan los legisladores: establecer la igualdad para cada caso.
“Por eso las autoridades del Poder Judicial, y a nivel de la administración pública, tenemos la obligación de implementar esos principios, darles contenido y alcance en las sentencias, recomendaciones y en las políticas públicas”, subrayó.
González Oropeza reconoció que en México se necesita establecer una cultura jurídica y cívica que impulse reformas a las leyes con una visión de accesibilidad para que la igualdad llegue a las personas con discapacidad.
La directora general de Documentación, Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la SCJN, Diana Castañeda Ponce, precisó que uno de los propósitos de esta iniciativa es asegurar el acceso de las personas con discapacidad a las leyes, para que tengan una participación activa y se les brinde sentido de pertenencia en sus comunidades.
Explicó que la Suprema Corte de Justicia lleva a cabo reuniones con organizaciones de apoyo a las personas con discapacidad visual, que han permitido sensibilizar a la comunidad sobre la integración de este grupo en la vida cotidiana.
A su vez el titular de la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hugo Arturo Velázquez, aseguró que el único camino para el ejercicio pleno de todos los derechos es el de la tolerancia y la inclusión.
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Antonio Bucio, se pronunció en su oportunidad en favor de adecuar las leyes de justicia, salud, educación y economía, porque el entorno es inaccesible para las personas con discapacidad.
“Tenemos que reformular la percepción de vulnerabilidad de quien habla una lengua indígena y tiene una situación de pobreza; la vulnerabilidad está en el sistema que hemos construido y que lesiona los derechos de las personas”, comentó.
El titular del Conapred añadió que “la discapacidad no es una enfermedad y por tanto tenemos que asegurar la accesibilidad para el derecho a la participación política de este sector”.