*Pero aún no se sabe nada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. *Hay “omisiones y opacidad de la Fiscalía del Estado de Colima”, no apoya en investigaciones.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- A más de 4 meses, la Fiscalía General de la República confirmó que hay dos personas vinculadas a proceso por la desaparición de los defensores de Derechos Humanos en Colima, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, aún no se sabe nada de ellos.
Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de derechos humanos, a través de un comunicado, señalaron que desde el 15 de enero de este año, Ricardo Lagunes y Antonio Diaz se encuentran desaparecidos luego de asistir a una asamblea comunitaria.
Por ello llama la atención que durante el proceso para lograr la vinculación a proceso de José “N” y Fernando “N” por los delitos de Desaparición Cometida por Particulares, agravada por la actividad de las víctimas como personas defensoras de derechos humanos, la fiscalía de Colima no tenga datos para la ubicación de los activistas.
Aún así, en los próximos meses continuará con el proceso penal en su etapa intermedia contra los presuntos perpetradores.
Mediante un comunicado, organizaciones afirmaron que José “N” es señalado como líder de comuneros de Aquila con quien Ricardo y Antonio habrían tenido disputas legales por la representación de la comunidad indígena nahua de San Miguel de Aquila, Michoacán, frente a la minera Ternium, dedicada a la extracción de hierro y fabricación de acero.
“La labor de los defensores desaparecidos ha sido crucial para favorecer a la comunidad en diversos litigios ante los tribunales agrarios. En ese sentido, es importante referir que estos hechos se enmarcan en un contexto de distintas denuncias por parte de integrantes de la comunidad en contra de la empresa minera, a la que señalan de fomentar la fractura del tejido social y sus intereses de expansión, la cual, implicaría graves afectaciones al medio ambiente”.
Los dos activistas fueron vistos por última vez en una asamblea en la comunidad de San Miguel Aquila, Michoacán, y de acuerdo con investigaciones, Ricardo y Antonio fueron interceptados por sus perpetradores cuando iban a bordo de su camioneta en la comunidad de Cerro de Ortega, Colima.
En torno al caso, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos como Alianza Américas, Idheas, Asesoría y Defensa Legal Sureste, la Red TDT y otras señalaron omisiones y opacidad de la Fiscalía del Estado de Colima.
“(…) quien en todo momento se ha negado a cooperar con las demás instituciones y a compartir información vital para el caso”.
Finalmente advirtieron que continuarán trabajando para dar con los activistas y procesar legalmente a los perpetradores de su desaparición y otros presuntos delitos.