*Reclaman despido injustificado
Óscar Cervantes|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado registra durante el primer semestre del año más de mil trabajadores que han sido despedidos de diversas empresas, quienes manifiestan que fue de forma injustificada y recurren a los diferentes procedimientos jurídicos.
Al respecto, el titular de esta dependencia Uriel Moreno Flores refirió que la proyección del primer semestre arroja que hay una recurrencia aproximada a las diferentes dependencias de la Secretaría como Procuraduría del Trabajo, Inspección y Junta de Conciliación Arbitraje.
Detalló que de la jurisdicción de Colima que abarca la capital, Coquimatlán, Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, son 490 personas que se han sentido agraviados por el cese o despido injustificado. En Tecomán 160, Manzanillo y Minatitlán más de 500 que han reclamado despido injustificado.
En cuanto a los trabajadores que se quedaron sin empleo por el cierre de la tienda comercial LEY, el funcionario estatal comentó que de manera organizada los trabajadores con personal directivo de la empresa y Procuraduría de la Defensa del trabajo se ratificaron convenios a un estimado de 65 trabajadores para que se les liquide conforme a la ley.
Explicó que el monto global que pagará la empresa es de 1.6 millones de pesos ya que se verificó que no hubiera violación de derechos adquiridos a través ni inferiores a los que corresponden por ley.
“Los 65 trabajadores acreditaron bien y se finiquitó con respeto de los derechos laborales, pero si hay más trabajadores que reclamen alguna prestación tienen 60 días para hacerlo, se encuentran en tiempo y forma”, expresó.
El funcionario estatal sostuvo que se atenderá cualquier inconformidad de los trabajadores, así como también de los mismos que fueron liquidados puedan informarse a detalle a través de la Secretaría del Trabajo.
Uriel Moreno advirtió que de no cumplir la empresa se entabla una demanda por despido injustificado y se inicia un procedimiento administrativo por la violación de la normatividad que concluiría con una sanción económica.
“Lo importante es que los empleados que prestaron sus servicios recibían su finiquito conforme a la ley”, finalizó.