*Es el 240 BIS del Código Penal para el Estado de Colima para reconocer el derecho fundamental a la libertad de expresión, aprobado por Morena y PT, la mal llamada “Ley Ingrid”.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Tras reconocer la libre expresión y garantizar ese derecho constitucional, la diputada y coordinadora de la fracción Priista en la Quincuagésima Novena Legislatura Local, Lizet Rodríguez Soriano, propuso la derogación del artículo 240 BIS del Código Penal para el Estado de Colima que “criminaliza” a los reporteros, comunicadores, fotógrafos, camarógrafos y todos los que se dedican a la comunicación en general.
Dicho artículo del Código Penal fue aprobado en mayo pasado por unanimidad de diputados al ser presentada la iniciativa denominada “Ley Ingrid”, que fue dada a conocer al pleno por el diputado de MORENA y PT, Vladimir Parra Barragán y las diputadas Blanca Livier Rodríguez Osorio, Ana Karen Hernández Aceves.
Dicho artículo menciona que “para quienes indebidamente difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal tendrá una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa equivalente de 50 a 100 UMA´s.
“Si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de cuatro a siete años de prisión y la multa de setenta a ciento treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
“Tratándose de mujeres, niñas o adolescentes, la pena será de cuatro a 8 años y la multa de 80 a 150 veces el valor diario de la UMA; cuando el delito sea cometido por un servidor público, integrante de laguna institución policial, de procuración o impartición de justicia, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y una multa de 80 a 150 veces el valor diario de la UMA”
Ello provocó que dirigentes de asociaciones de periodismo, organismos defensores del gremio, así como representantes en Colima, Tecomán y Manzanillo presentaron una queja ante la CDHEC por la llamada Ley Ingrid que modificó el Código Penal en la entidad y que, aseguran, “criminaliza al periodismo”.
Dicho articulado fue retomado por la CDHEC que hizo suya la inconformidad del gremio de reporteros, y presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad que fue admitida por la Corte, y a la que se acumuló una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, principalmente a su artículo 240 bis (llamada Ley Ingrid), con cuyas reformas se pretende “vulnerar la libertad de expresión, así como el libre ejercicio de la profesión en el Estado”.
PROPONE DEROGAR
Este jueves, la diputada priista a nombre de la fracciones del PRI, PAN, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, del Independiente Miguel Sánchez y dos diputadas de Morena, propuso derogar el artículo 240 BIS del Código Penal para el Estado de Colima con la finalidad de reconocer y no limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión en el Estado.
Al hacer el uso de la voz en la tribuna, Lizet Rodríguez afirmó que los diputados que proponen derogar el referido artículo con el fin de garantizar el libre intercambio de ideas e información en el Estado de Colima y, con ello, proteger tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden.
Aunado a lo anterior, la derogación propuesta tiene como finalidad maximizar el derecho a la libertad de expresión, protegiendo a los periodistas de cualquier amenaza, multa o sanción de la cual pudieran ser objeto por la difusión, publicación, transmisión, videograbación, filmación y reproducción de noticias vinculadas con hechos delictivos y procedimientos penales; garantizando que la sociedad pueda acceder libremente a la información.
Por ello, Lizet Rodríguez reconoció que el citado artículo 240 BIS “fija una restricción indebida, desproporcionada y arbitraria al derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Por ello, afirmó la diputada, el multicitado atenta de manera determinante a la libertad de expresión, pues puede ser factor central de censura a la labor periodística y con ello, a la democracia y a la sociedad en su conjunto.
Esta iniciativa fue turnada a comisiones.