DEBUT Y DESPEDIDA

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AL DESNUDO

Por: Édgar Rodríguez H.

Resulta paradójico que Romualdo García Mejía, quien interpuso un amparo por considerar que la designación de los tres magistrados de Tribunal de Justicia Administrativa, realizada el 16 de julio de 2018, no se había dado mediante los procedimientos legales correctos, haya hecho uso de información privilegiada derivada de la resolución de la jueza del Primer Distrito en el Estado de Colima, quien había ordenado el sobreseimiento, para luego interponer un amparo de revisión ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, todo esto fungiendo como Director de Procesos Legislativos del propio Poder Legislativo, no incurriendo precisamente en el mismo acto que reclama, pero sí actuando de forma deshonesta con los diputados de la 59 Legislatura.

Nadie dice que haya estado impedido como ciudadano para reclamar el amparo hasta las últimas instancias jurisdiccionales, al final del día es su derecho ciudadano, pero lo que se observa es que haya actuado como abogado marrullero, como juez y parte, sin el conocimiento de quien le paga para fungir como funcionario público en la 59 Legislatura local.

A los actuales diputados, les tocará valorar el actuar y deslealtad de Romualdo García, quien siempre actuó en lo obscurito y como bien lo narra el periodista Juan Ramón Negrete en su columna Desde la Curul 26  “con toda la información privilegiada que llegó al Congreso, el Director de Procesos Legislativos, sin avisar a sus patrones los diputados, interpuso un recurso de revisión, estando ya como funcionario del Congreso del Estado, en contra del propio Congreso, ante el Trigésimo Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, el cual mediante auto de la presidencia de 16 de enero de 2019, lo admitió a trámite y lo registró con el número 35/2019”.

El abogado del poder legislativo logró su cometido con la determinación del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mediante la cual se le ordena reponer el procedimiento y designar nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pero ojo, eso no quiere decir que eso le favorezca totalmente a futuro, pues si él pidió legalidad, igual debió actuar bajo la misma reglas del juego (con transparencia), no lo hizo y eso le podría -políticamente-  jugar en su contra si lo que pretende es llegar a ocupar el cargo de magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa, instancia en donde siguen despachando los tres aprobados el 16 de julio pasado por la 58 Legislatura local, en tanto no se fije una fecha para, mediante un concurso de oposición, se designe a los nuevos.

La Decisión del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, contempla básicamente tres puntos en su resolución. La primera tiene que ver con dejar sin efecto la designación de los nombramientos como magistrados de Andrés García NoriegaYarazeth Villalpando y Juan Manuel Figueroa.

En segundo lugar, está el derecho a participar del quejoso mediante un nuevo procedimiento, aunque esto abre también la puerta a todo aquel ciudadano que desee participar para el cargo de magistrado. El tercer punto es el concerniente a la convocatoria para elegir a los 3 magistrados, a través de las reglas que el titular del ejecutivo implemente para que se lleve a cabo un concurso de oposición, los designados serán quienes obtengan la mayor puntuación.

SE DICE QUE…

*Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, porque aún lo son, aunque de manera interina, no están impedidos para contender por los cargos, de ellos dependerá el participar en algo que es legal, pero tendrán que valorar que los reflectores políticos se volcarían sobre ellos para tratar de deslegitimarlos, sobre todo a Andrés García Noriega por su condición de ex consejero jurídico del Gobierno del Estado.

*Con la resolución del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito, el gobernador José Ignacio peralta Sánchez, tendrá que abrir su abanico de prospectos a ocupar los cargos de magistrados del tribunal de Justicia Administrativa, quienes ahora tendrán que concursar con reglas transparentes y que el propio mandatario considere.