*Fue desechada la petición de legisladores encabezados por Vladimir Parra.
Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS
Colima.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo revés a diputados de Morena y PT que habían presentado una Acción de Inconstitucionalidad por la aprobación del crédito por 740 millones de pesos que fue votado por la mayoría de Legisladores Locales.
Con el resolutivo de la SCJN queda en firme la autorización del crédito solicitado por el mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez.
La SCJN “desechó de plano por notoria y manifiesta improcedencia”, la demanda presentada en vía de Acción de Inconstitucionalidad, por diversos diputados de Morena y PT del Congreso de Colima.
La Acción de Inconstitucionalidad había sido promovida por 8 diputadas y diputados, los que representaban el 32% de la totalidad de integrantes de la Quincuagésimo Novena Legislatura, y de conformidad a lo establecido por el Artículo 105 Constitucionalidad, para promover este recurso se requería al menos el 33% de los miembros del Congreso.
La fracción parlamentaria de Morena y del PT en el Congreso de Colima había presentado este recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la autorización de un crédito de 740 millones de pesos para el gobierno estatal.
El pasado 7 de julio, la mayoría de los diputados del Congreso, aprobaron dicho monto para proveer de recursos a la administración para la pandemia de Covid-19, la terminación de la construcción del edificio del C5i y la restauración del palacio de Gobierno.
La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, admitió que los recursos del crédito se utilizarán hasta enero de 2021.
Esta acción de inconstitucionalidad había sido presentado el pasado martes 4 de agosto en la Ciudad de México y contaba con el respaldo de ocho legisladores del Congreso del Estado de Colima, seis de la bancada de Morena (Vladimir Parra, Claudia Aguirre, Livier Rodríguez, Araceli García, Arturo García y Rogelio Salinas) además de dos diputadas del PT (Ana Karen Hernández y Mayra Villalvazo).
En dicho documento exponían que se reclama seis acciones como inválidas, la primera de ellas es el acto preparatorio y la aprobación del dictamen por parte la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado de Colima, así como el acuerdo número 40 donde se autorizó como recinto legislativo la sede del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSEG).
Otros actos reclamados fueron el decreto número 286 aprobado en la Sesión número 12 por el que se autoriza contratar uno o varios créditos por un monto hasta de 740 millones de pesos; así como la promulgación y publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial El Estado de Colima.
Los diputados de Morena y PT también buscaban invalidar todos los actos preparatorios y la propia celebración, “de manera virtual” de la Sesión Pública Ordinaria Número 11, así como los de la sesión número 12, ambos del segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional, por haberse realizado violando la legalidad de los procesos.