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Estados Unidos. – Este lunes, la Corte Suprema facilitó al Gobierno de Trump la deportación de delincuentes convictos a “terceros países” con los que no tienen vínculos previos.
En una breve orden sin firmar, el tribunal suspendió el fallo de un juez federal que establecía que las personas afectadas en todo el país deberían tener una “oportunidad significativa” para presentar denuncias de que correrían riesgo de tortura, persecución o muerte si fueran enviadas a países con los que el Gobierno ha llegado a acuerdos para recibir inmigrantes deportados.
Los tres jueces liberales de la corte, de mayoría conservadora, discreparon.
La jueza Sonia Sotomayor escribió en una opinión disidente que la corte había intervenido “para otorgar al Gobierno un alivio de emergencia de una orden que ha desafiado repetidamente”.
Como resultado, la Administración podrá expulsar rápidamente a los inmigrantes a terceros países, incluido Sudán del Sur.
El juez federal de distrito Brian Murphy, con sede en Massachusetts y quien ha recibido fuertes críticas del mundo MAGA por sus decisiones en el caso, aclaró posteriormente que las personas deberían tener al menos 10 días para presentar una reclamación.
Murphy declaró recientemente que el Gobierno había violado su orden anterior al trasladar a ocho migrantes a Sudán del Sur. Los hombres se encuentran ahora recluidos en un centro estadounidense en Yibuti mientras continúa el litigio.
Los demandantes, cuyo nombre no se ha revelado, según escribió Murphy en su decisión original de abril, simplemente buscan “una oportunidad para explicar por qué dicha deportación probablemente resultará en su persecución, tortura o muerte”.
Todas las personas potencialmente afectadas por el litigio ya están sujetas a deportación, pero no pueden ser enviadas a sus países de origen. Las decisiones de Murphy, al igual que otros casos derivados de la política migratoria de línea dura del Gobierno de Trump, se centran únicamente en el proceso legal que reciben antes de ser deportadas.
Su orden exigía que se notificara a los detenidos si el Gobierno tenía la intención de enviarlos a un país completamente diferente a su país de origen, o a un país alternativo al que el Gobierno había indicado previamente que podrían ser enviados.
En un expediente judicial, el Procurador General D. John Sauer se quejó de que las decisiones de Murphy imponían un “oneroso conjunto de procedimientos” que vulneraban la facultad del presidente para dirigir la política exterior.
Afirmó que el Gobierno desea deportar a “algunos de los peores entre los peores”, razón por la cual sus países de origen “a menudo se muestran reacios a aceptarlos”.
Convencer a terceros países para que acepten a inmigrantes con condenas penales, en particular, “requiere una diplomacia sensible, que implica negociaciones y el equilibrio de otros intereses de política exterior”, añadió.
Los abogados de los cuatro demandantes principales, identificados por sus iniciales, afirmaron en documentos judiciales que la orden judicial de Murphy simplemente “proporciona una medida básica de equidad” para garantizar que el Gobierno cumpla con la ley. Las personas identificados en la demanda son de Cuba, Honduras, Ecuador y Guatemala.
Según la ley de inmigración, el Gobierno solo puede deportar a personas a terceros países si es “impracticable, desaconsejable o imposible” enviarlas a sus países de origen o a un país alternativo previamente designado, añadieron los abogados de los demandantes.