*Poder Legislativo instruyó a los 10 Ayuntamientos solucionar
asentamientos irregulares
CN COLIMANOTICIAS
Colima.- El Pleno del Congreso del Estado de Colima aprobó el punto de acuerdo presentado por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, por el que exhorta al Secretario de Planeación y Finanzas (Seplafin), Carlos Arturo
Noriega García, para que en un plazo no mayor a quince días, cumpla el
acuerdo signado el 30 de noviembre del año pasado y aplique 3.5 millones
de pesos para adquisición de vivienda social.
Claudia Aguirre dijo que el acuerdo señala que la reasignación de las
partidas 41542 y 42624 se hará al Instituto de Suelo, Urbanización y
Vivienda (Insuvi), para adquisición de vivienda social durante el primer
semestre del año 2020, y a unos días de que concluya este término, este
recurso no se ha depositado al Insuvi, por lo cual es imperioso exhortar
a la Seplafin para que cumpla lo acordado.
La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas
Metropolitanas del Congreso añadió que sigue recibiendo denuncias de
personal del SNTE 39, quejándose de adeudos del Gobierno de Colima con
los servicios médicos que reciben, lo que ocasiona perjuicios a las y
los trabajadores de la educación.
El Poder Legislativo exhortó al titular de la Seplafin a cumplir a la brevedad los compromisos realizados con esta Legislatura y dar solución a las problemáticas mencionadas.
SOLUCIÓN A ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Igualmente, el Poder Legislativo avaló el acuerdo expuesto por la
Diputada Claudia Aguirre, para exhortar a los diez ayuntamientos de la
entidad, a fin de que ejerzan cabalmente las atribuciones que les
confiere la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y por
conducto de las dependencias municipales competentes, inhiban y
solucionen la problemática de los asentamientos irregulares.
La Diputada de Morena dijo que es común encontrar muchísimas colonias
que carecen de servicios públicos básicos, causando malestar de sus
habitantes quienes por necesidad, desconocimiento de la ley, o de forma
intencional, fincan su domicilio en esos asentamientos irregulares,
generando una delicada problemática social.
Se desprende que si bien los servicios públicos son obligación de los
ayuntamientos, mientras las obras no se encuentren municipalizadas,
corresponde a los desarrolladores y promotores otorgar dichos servicios,
pero aunque existen asentamientos humanos sin municipalizar, los
ayuntamientos poco hacen para solucionar este problema, no obstante
tener herramientas jurídicas para ello.
Por tal razón, el Congreso exhortó a los diez ayuntamiento de la entidad
inhibir y solucionar la problemática de los asentamientos irregulares en
sus respectivos municipios, que afectan a miles de familias en toda
nuestra entidad.