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Colima, Col.- El Congreso del Estado de Colima aprobó el punto de acuerdo para que el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez comparezca ante la LIX Legislatura a informar sobre el crédito por 410 millones de pesos y
explique de manera detallada el destino que se dio a estos recursos; así
como exhortar a la titular de Osafig a fin de realizar la revisión del
destino de dicho endeudamiento.
El Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, Vladimir Parra
Barragán, en conjunto con el Diputado Julio Anguiano Urbina, presentaron
la iniciativa de acuerdo para que se informe de parte del titular del
Poder Ejecutivo ante esta Soberanía el jueves 16 de mayo a las 9 de la
mañana.
Aunado a esto también le hicieron un exhorto a la titular del Órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Indira Isabel
García Pérez, para que se realice una revisión e informe al poder
legislativo sobre el Decreto 617.
Anguiano Urbina comentó que lo anterior se debe a que en los últimos
días ha circulado en diferentes medios de comunicación, donde destacan
que se destinaron 200 millones de pesos para la adquisición de los
terrenos donde se ubicaba la Vigésima Zona Militar, en la Calzada
Galván.
Sin embargo, dijo Parra Barragán, el Diario Oficial de la Federación del
26 de noviembre de 2018 se da a conocer que el día 7 del mismo mes y año
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, a
través de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales,
desincorporó y donó a favor del Gobierno del Estado de Colima el predio
antes mencionado.
Vladimir Parra agregó que es importante señalar la urgencia con la que
Ignacio Peralta solicitó el endeudamiento, a pagar en los próximos 20
años, con el fin de que la actual legislatura no conociera del asunto.
Finalmente los legisladores morenistas expusieron que de acuerdo con el
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, adquirió el
mismo día que fue aprobado el Decreto 617, lo cual pudiera constituir
una ilegalidad, al contratar un financiamiento que, si bien estaba
aprobado, el Decreto aún no entraba en vigor.
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