En entrevista para COLIMANOTICIAS, el catedrático de la Universidad de Colima, aseveró que el caso es interesante pues la actual administración llevó a cabo un juicio de lesividad que es cuando la autoridad pretende resarcir una acción propia que admite fue equivocada.
Barajas Palacios recordó que el asunto se remonta desde el año 2000 cuando la administración municipal de Carlos Vázquez Oldenbourg aprobó la donación de un terreno de más de 17 mil metros cuadrados en la zona norte, en la colonia Girasoles, cuando aún no tenía la plusvalía de ahora.
Pero el particular tuvo dificultades para construir las instalaciones de la UAP como estaba establecido en el decreto ya que la siguiente administración panista de Enrique Michel les negó los permisos de construcción a tal grado que clausuraron las obras que comenzaron sin la autorización del ayuntamiento.
Fue hasta la actual administración municipal que se comenzó con el juicio de lesividad argumentando que el particular beneficiado con la donación del predio nunca pudo construir su edificio en el plazo establecido y ganó el litigio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Por tal razón, el Cabildo de Colima aprobó vender el predio valorado, ahora en 40 millones de pesos, para que de ahí se pague parte de la deuda que dejará el gobierno de María Guadalupe Cisneros Vuelvas.
Sin embargo, de acuerdo al especialista Francisco Barajas, si el ayuntamiento procede a ejercer cualquier acción incurrirá en un delito federal pues el particular interpuso un juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Colima, que aún se analiza y que podría durar hasta diciembre dependiendo de la carga de trabajo de esta instancia que sería la última y definitiva.
“La justicia federal trata de ser exhaustiva en los casos por eso generalmente se tarda más, pero si el ayuntamiento decide venderlo o incluso incorporarlo a su patrimonio podría incurrir en un delito federal”, dijo.
