VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Metelón Nava
En el colmo del cinismo y de la soberbia política que sigue pudriendo al régimen de la 4T, el senado de la República aprobó la nueva Ley de Amparo, introduciendo de última hora un artículo transitorio que da efecto retroactivo a la norma, de modo que los juicios de amparo ya existentes se tramiten bajo las disposiciones de esta nueva ley en franca violación al principio constitucional de irretroactividad de las leyes establecida en el artículo 14 que prohíbe aplicar leyes nuevas en perjuicio de quienes ya iniciaron procedimientos. Pero además, la reforma modifica el concepto de “interés legítimo” y restringe las suspensiones de actos de autoridad, lo que puede limitar la capacidad ciudadana o colectiva de acudir al amparo, de tal forma que de hecho desaparece ese último recurso legal que los ciudadanos tenemos para enfrentar los abusos del poder.
Aunque la presidente Claudia ya reconoció que esos cambios a su iniciativa son inconstitucionales, en el fondo la nueva ley que ella envió exhibe claramente intento de concentrar poder reduciendo los frenos que los ciudadanos tienen frente al Estado. Hasta ahora, el uso del recurso de amparo ha sido una garantía clave para proteger derechos humanos, transparencia, propiedad, medio ambiente, etc. Pero si esa garantía se debilita, se empuja hacia una lógica autoritaria, pues se reduce la capacidad de fiscalización legal de la política y, de hecho, miles de familias y de personas quedarán en la indefensión total, sin la posibilidad última de defender sus derechos humanos, por ejemplo, a la salud, a la protección de su patrimonio, a la seguridad, a la no discriminación o su derecho a no ser detenidos en casos de tipo penal, civil, mercantil o de otra índole.
De aprobarse la nueva ley, por ejemplo, los miles de padres de familia que han recurrido al amparo para exigir al gobierno que les proporcione los medicamentos que requieren sus hijos enfermos de cáncer o para les proporcionen los tratamientos de quimioterapias, radioterapias u otras intervenciones, ahora ya no lo podrán hacer. En el mismo caso estarán activistas por abusos de autoridad sean del orden federal estatal o municipal.
Es claro que Morena sigue en su estrategia de cerrar la pinza, cerrar los caminos de las libertades y de los derechos de la ciudadanía. Por eso impuso una mayoría ilegítima en el poder legislativo; por eso impuso a un poder judicial a modo y a su servicio, ese que ya otorgó amparos a los hijos de Obrador, a los marinos involucrados en el huachicol fiscal y hasta concedieron amparo al cabecilla visible del cártel de La Barredora como es Adán Bermúdez Requena que, pese a todas las pruebas ya conocidas, sus fechorías podrían quedar impunes.
Queda claro que jurídicamente la reforma tiene serios problemas de constitucionalidad y pone en riesgo derechos ya en trámite, por lo que estos aspirantes a dictadores no tienen empacho en exhibir que el régimen estaría buscando reducir contrapesos y fortalecer un poder más centralizado al margen de revisiones judiciales sin salvaguardas ni controles de ningún tipo.
Los antecedentes legales establecidos en la Constitución General, incluyendo jurisprudencia e interpretaciones ya reconocidas hechas por la Suprema Corte, reiteran que legislaciones secundarias no pueden contradecir a la Constitución, pero conociendo el actuar de este régimen que ya tiene bajo su control a jueces, magistrados y ministros. Los derechos y garantías constitucionales se las pasarán por el arco del triunfo, sobre todo cuando se trate de opositores, de activistas incomodos o de grupos de ciudadanos inconformes. si las leyes pueden aplicarse retroactivamente para perjudicar ciudadanos, se rompe la previsibilidad. Inversionistas, ciudadanos comunes, jueces, todos tendrían incertidumbre sobre qué normas les aplican pues quedan en manos de juzgadores, no solo inexpertos en el mejor de los casos, sino de jueces sumisos a la 4T.
Si bien aún falta el dictamen de la cámara de diputados como instancia revisora, lo que prevalece es la desconfianza social y la polarización porque estas reformas muestran la intención de quitar derechos y la posibilidad de la movilización social, protestas, críticas nacionales e internacionales, lo que afectará la legitimidad del gobierno.
Los riesgos con estas nuevas leyes son muchos, no solo la protección legal con amparos pendientes sino con pérdidas irreparables, incluyendo la pérdida de la vida al negarse protección a los enfermos de cáncer, así como de colectivos vulnerables (indígenas, ambientalistas, pueblos afectados por obras, etc.). Frente a eso, quedaría por ver si la nueva Suprema Corte estaría a la altura, pues lo que es un hecho es que se interpondrán acciones de inconstitucionalidad, habrá amparos individuales o colectivos para que los juicios en proceso no sean afectados; incluso se podría que jueces libres recurran al “amicus curiae” y todo aquello que genere argumentos sólidos en contra de estos latrocinios
Si Morena se sale con la suya, lo que quedará será recurrir a recursos internacionales para buscar protección, promover la movilización social y la presión política organizada con la participación de abogados, académicos, estudiantes y la sociedad civil. Lo importante será no quedarse callados.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.