*Los convenios para enviar pacientes que requieren alguna cirugía o servicio especializado genera un costo que la institución de origen debe pagar.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Con el programa IMSS-Bienestar, los gobiernos estatales entregaron su infraestructura de salud para que sea administrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de organismos desconcentrados en unidades médicas de primer y segundo nivel que ofrecen servicios gratuitos a personas sin seguridad social.
Sin embargo, el traspaso no permite la atención a todos los que lo requieren porque no en todos los hospitales se cuenta con los servicios de especialidades, de ahí, “a través de convenios de servicio se busca qué institución puede brindar la atención a cambio de una cuota cobrable entre instituciones y no al paciente”.
Tal es el caso de Colima que ha tenido que recurrir a la banca de desarrollo y endeudarse para hacer frente a la gratuidad de los servicios y medicinas, según información publicada este día por el periódico El Sol de México y otros medios de la Organización Editorial Mexicana, la empresa editorial más grande de América Latina.
Según dicha información, en diferentes estados del país, las autoridades se han visto “en la necesidad de endeudarse para garantizar la atención médica gratuita a través del programa IMSS Bienestar. Esta situación ha generado preocupación, ya que implica una carga económica considerable para dichos estados”.
El IMSS Bienestar es un programa de salud que brinda atención médica gratuita a personas sin seguridad social, principalmente en zonas rurales o marginadas. Sin embargo, para poder implementarlo, los estados adheridos deben aportar recursos económicos adicionales.
Parte de la deuda de los estados se deriva de los convenios para enviar pacientes que requieren alguna cirugía o servicio especializado, que no se brinda en alguno de los 82 hospitales de segundo nivel con los que cuenta el IMSS-Bienestar, a instituciones como el ISSSTE o institutos nacionales o regionales de salud para su atención, lo cual genera un costo que la institución de origen debe pagar.
De acuerdo con el acta de la Cuarta Reunión Nacional de secretarios técnicos de los servicios estatales de salud —celebrada el 23 de febrero de 2023—, 22 gobiernos estatales reportaron adeudos con el ISSSTE, el SAT y diversos proveedores, mientras otras seis entidades recurrieron a la banca de desarrollo o a adeudos con las secretarías de finanzas de sus entidades para hacer frente a la gratuidad de los servicios y medicinas.
El Consejo Nacional de Salud presentó el Semáforo de la Estructura Financiera en la que se midió “el nivel de endeudamiento acumulado de los OPD (Organismos Públicos Descentralizados de salud) a terceros institucionales, el ISSSTE y SAT, así como los no institucionales, en donde entran otro tipo de proveedores.
Ese semáforo mostró que entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán se encontraban entre las entidades con “adeudos acumulados” ante el ISSSTE y el SAT y otros proveedores.
El diagnóstico también presentó a las entidades que recurrieron a la banca de desarrollo o a convenios con las secretarías de Finanzas estatales, que incluyen pasivos diferidos, dictaminación de estados financieros por un auditor externo y la participación estatal en los costos de los mismos servicios.
Las entidades que recurrieron a este esquema son Chiapas, Colima, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala.