*Significa una defensa débil, escasísima y poco efectiva de personas pobres encarceladas por delitos federales.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Los estados de Colima, Zacatecas y Yucatán son de las entidades federativas con el menor número de defensores de oficio para delitos federales, con tan 9 defensores públicos en cada entidad, “lo que en los hechos significó defensa débil, escasísima y poco efectiva de personas pobres encarceladas por delitos federales”.
Según datos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), de 2021 a 2023 el presupuesto asignado a este instituto sufrió una reducción sustancial, de 17 mil millones de pesos.
Los defensores de oficio son pilar de los juicios orales, ya que está dirigido a quien no puede pagar un abogado.
Según información al 31 de mayo del presenta año, existían en México 837 defensores públicos a nivel federal; sin embargo, sólo 282 cuentan con nombramiento de defensor público a partir de 2018. Los 555 restantes no han obtenido su plaza debido a la austeridad financiera en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
En los reclusorios mexicanos existen personas presas que sin haber cometido delito alguno no han tenido dinero para la contratación de un abogado privado. A muchos de ellos los defensores públicos que les fueron asignados no les han dedicado el tiempo necesario a su defensa.
Según la información oficial del IFDP Tlaxcala y Campeche cuentan con 8 defensores públicos cada uno; los estados de Zacatecas, Yucatán y Colima que tienen 9 defensores públicos cada uno; Querétaro cuenta con 10 y los estados de Durango y Aguascalientes con 11 cada uno. Baja California Sur e Hidalgo cuentan con 12, igual cada uno.
El mayor número de ellos, pero donde también se refleja esa insuficiencia son la Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Estado de México que tienen 91, 75, 54 y 53, respectivamente.
Según la información oficial en 2021 los defensores públicos atendieron dentro del sistema penal acusatorio 57 mil 928 casos. En tanto que al año siguiente esas atenciones se redujeron a 24 mil 181 casos.
El año de inicio de la pandemia de 2020 las asesorías jurídicas tuvieron una reducción mínima. Dentro del mismo sistema penal acusatorio fueron atendidos 43 mil 393 casos, contra 56 mil 235 en 2019.
Para 2023 las asesorías de defensores públicos al primer semestre del año llegó a 10 mil 146 casos. Lo que apuntan a una reducción considerable de asesorías a gente presa que no tiene para pagar un abogado privado.