El legislador priista Rigoberto Salazar Velasco, presidente de la comisión de Gobierno Interno, presentó el punto de acuerdo en la pasada sesión ordinaria donde se tiene contemplada la reunión el próximo viernes a las 12 horas en la sede legislativa.
Se busca además de que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Estado (Osafig) emita las recomendaciones pertinentes para hacer del conocimiento las sanciones en que podrían incurrir por la omisión de los principios a que está sujeto el ejercicio del presupuesto.
El documento señala que una de las causas por las que los ayuntamientos del país tienen problemas económicos, consiste en la gran plantilla laboral con que cuentan, por lo que en ocasiones sus recursos no alcanzan ni para pagar la nómina, existiendo un claro ejemplo en los municipios de Churintzio y Susupuato del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ante esta situación, dijo, los ayuntamientos deben tomar medidas de precaución para evitar que la crisis financiera se agudice, al grado que tengan que paralizar la prestación de los servicios básicos a sus habitantes, lo que además generaría una crisis social con las consecuencias que ello implica.
Por lo que es necesario precisar que esta Soberanía, en ejercicio de la función fiscalizadora de los recursos públicos, emite, conjuntamente con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, las recomendaciones y unificación de criterios en materia de creación de plazas laborales en los gobiernos municipales de la administración pública centralizada y paramunicipal:
Aseveró que toda plaza laboral municipal deberá estar contenida en los respectivos presupuestos de egresos para cada ejercicio fiscal; debidamente cuantificable e integrado el sueldo y demás prestaciones inherentes de acuerdo al nivel de remuneraciones autorizadas en el momento de elaboración de la propuesta, con la adscripción correspondiente.
También en esa misma sesión, los diputados locales aprobaron por unanimidad derogar la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima para crear la nueva Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, a fin de que la legislación del Estado se encuentre armonizada no sólo a la realidad social en que se vive, sino también acorde a las reformas constitucionales vigentes en materia del sistema acusatorio adversarial.