¿Ser o no Ser? Salario mínimo y calidad de vida
Por: Dr. Juan González García
El día miércoles nueve de diciembre de 2015, el Congreso del Estado de Colima, se sumó a los 17 congresos estatales, que hasta ese día, habían aprobado la iniciativa para desindexar el salario mínimo como unidad de cuenta en el país y el cual se usaba o usa, para fijar el ingreso de los trabajadores generales, pagar multas y recargos, becar a estudiantes, académicos, ciudadanos, y en general, para realizar todo tipo de pagos a las dependencias gubernamentales en sus diversas escalas.
Con esa desindexación, se generan las condiciones para que sean reformados los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la Ley Federal del Trabajo y las más de 400 normas secundarias que hacen referenica al salario mínimo como unidad de cuenta, incluida obviamente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).
La importancia de esta desindexación, es que, en el fondo, marca el inicio de una propuesta de dignificar el ingreso de los trabajadores del país ante una política salarial no solo anti clase trabajadora si no antihumana, que ha colocado a la mayor parte de la población trabajadora cuyo ingreso se fija en salario mínimo general al borde de la supervivencia y en la antesala de la pobreza extrema absoluta. A este respecto, el mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha establecido en julio pasado, que el ingreso mínimo de los trabajadores, debiera ser de cuando menos $85.4 pesos por día, el cual le permitiría adquirir los bienes indispensables para mantener la vida, considerados en la llamada canasta básica.
Se volverán a escuchar y leer todo tipo de argumentos a favor y en contra de las reformas al grandioso salario mínimo, desde los que vaticinen el nulo impacto sobre el bienestar de los trabajadores, hasta los que lo vean como la justicia divina que finalmente tocó el corazón e iluminó la mente de los tomadores de decisiones salariales.
Lo cierto es que, con base en la evidencia empírica y aún teórica, los salarios de los trabajadores no son inflacionario ni mucho menos contraccionistas en en futuro. Estudios, documentos, ensayos, etc., existen miles en el mundo y en México mismo, que demuestran que mantener abiertamente una política salarial anti obrera, es solo un asunto ideológico, de dogmas y de poder. Es decir, quien tiene el poder, determina qué impulsar, modificar o reprimir.
En efecto, no se debe olvidar que, desde que se instauró el neoliberalismo en el mundo y en México como mejor alumno, los ingresos de los trabajadores solo han visto reducir de manera permanente su capacidad de compra y aunque la productividad no ha sido suficiente, se ha correlacionado directamente al bajo nivel salarial nominal y real: a menor ingreso de los trabajadores, menor productividad del factor trabajo; con algunas excepciones en actividades que requieren personal cualificado de manera necesaria, pues la tecnificación y tecnología de punta, requiere de personal calificado. Ejemplos de estas actividades: industrias de nuevas tecnologías, electrónica, automotriz, telecomunicaciones, servicios financieros, por mencionar algunas.
Toca ahora el turno al presidente de la República dar a conocer el decreto en el que se realizarán las modificaciones que haya que hacer, para que esta iniciativa que ya fue aprobada por los congresos locales de 18 entidades, empiece a operar. Lo que se espera y no lo ideal (lo ideal sería que se implementara ipso facto) es que este mismo año se dé a conocer dicho decreto por el ejecutivo, para que la CONASAMI no vaya a adelantarse con una fijación ridícula de las que acostumbra, de determinar el incremento a los salarios mínimos, dado que no estaría publicada la reforma constitucional, con base en la inflación esperada, según estimaciones del Banco de México, pues ello condenaría un año más a la clase trabajadora a seguir percibiendo un ingreso salarial de infrasubsistencia.
El deterioro de la calidad de vida de la población, particularmente de la trabajadora, cuyo ingreso principal o único se desprende del pago en salario o salarios mínimos, no puede seguir a la espera del ajuste histórico que se espera se dé en México. La urgencia social, la pobreza y el desánimo de la población trabajadora, de alguna manera cree nuevamente en los actores políticos que están llevando a buen fin esta iniciativa. Falta ahora que el presidente asuma su rol de estadista, para iniciar el camino hacia la recuperación de los ingresos de los trabajadores, y que antes del 15 de diciembre, haga público el decreto, para que los sectores que convergen en la CONASAMI no apliquen el consabido madruguete y anuncien un salario indigno más, que impedirá por un año más –o quizá menos, si el decreto determinara que la eliminación del salario mínimo como unidad de cuenta y las implicaciones que de él se derivan, se lleven a efecto con retroactividad- iniciar el camino hacia la recuperación de sus ingresos salariales y con ello, de su calidad de vida.
A final de cuentas, el asunto de fondo es la calidad de vida y el bienestar de las familias de los y las trabajadoras, quienes verían aunque pareciera raro, una excepcional congruencia entre lo que se dice en el discurso político económico, que enarbola la bandera del interés de los trabajadores, sin comprometerse, claro está, con una política salarial pro recuperación de capacidad de compra del ingreso de los trabajadores, y lo que se hace en la realidad del mundo de la praxis.
¿Ser o no ser? Como diría William Shakespeare. En las próximas horas y días, sabremos si, aunque sea por excepción, el gobierno federal es o no congruente en la manera en la que se conduce para darle o no congruencia a su discurso de la calidad de vida de la población y del bienestar de la misma. Ahora, justo ahora, 35 años después de instaurado el dogma neoliberal, tiene la oportunidad histórica de reivindicarse ante la clase trabajadora, esa a quien cada seis años, se le promete que ahora sí, las condiciones cambiarán de estar en el poder.
Nuevamente, como en otras grandes decisiones, solo el tiempo nos dirá, si existió o no congruencia entre el discurso, la praxis y la realidad política de nuestra clase gobernante de élite.