Por: Ángel Durán
En un movimiento histórico hacia la consolidación de la ciberseguridad, México ha dado un paso significativo con la propuesta de la Ley Federal de Ciberseguridad el 14 de febrero de 2024.
Este esfuerzo legislativo responde a la necesidad urgente de establecer un marco sólido para combatir el ciberdelito, en un contexto donde las amenazas digitales han mostrado una sofisticación y frecuencia crecientes.
La iniciativa mexicana (que por ahora sólo se aprobó la ruta de análisis, pero esto ya es un avance), no solo se enfoca en fortalecer las capacidades nacionales para prevenir, detectar y responder a incidentes cibernéticos, sino que también se alinea con estándares internacionales, específicamente con el Acuerdo de Budapest.
Esta ley, que aunque no lo define así en su iniciativa, propuesta que fueron varias que llegaron a la orden en legislativo, da también cierto cumplimiento al Acuerdo de Budapest”, siendo éste, el primer acuerdo internacional dedicado a la lucha contra el ciberdelito, dicho acuerdo establece una base para la cooperación internacional, la armonización de leyes entre los países firmantes, y el fortalecimiento de las técnicas de investigación en este ámbito.
El Acuerdo de Budapest, México, está como observador de este instrumento internacional, creo es cuestión de poco tiempo para adherirnos oficialmente, pues hacerlo conlleva un compromiso firme con la colaboración global para enfrentar desafíos que trascienden fronteras nacionales.
La Ley Federal de Ciberseguridad propuesta, busca adaptar y expandir el marco legal mexicano para cubrir ampliamente los aspectos de seguridad digital, desde la protección de infraestructuras críticas hasta la salvaguarda de la privacidad y datos personales de los ciudadanos.
Se espera que esta legislación facilite un entorno digital más seguro para individuos y empresas, promoviendo al mismo tiempo la innovación y el desarrollo tecnológico dentro de un marco de seguridad confiable.
Este esfuerzo legislativo en México, destaca la importancia de una acción conjunta y coordinada entre el sector público y privado, reconociendo que la ciberseguridad no es solo responsabilidad del Estado, sino que requiere del compromiso y adaptación constantes de todos los actores en el ecosistema digital.
La propuesta legislativa enfatiza la necesidad de compartir información sobre amenazas y vulnerabilidades de manera oportuna y efectiva, estableciendo mecanismos para una colaboración más estrecha entre agencias gubernamentales y empresas tecnológicas.
La Ley Federal de Ciberseguridad es un testimonio del reconocimiento de México sobre la ciberseguridad como un pilar esencial para la seguridad nacional y el bienestar económico.
Esta legislación representa un avance significativo hacia la protección de los derechos digitales de los ciudadanos, al tiempo que establece las bases para una cooperación internacional más fuerte en la lucha contra el ciberdelito.
Con esta ley, México se posiciona como un líder en la adopción de medidas proactivas y estratégicas para enfrentar los desafíos del ciberespacio en el siglo XXI.
El delito cibernético ha ocasionado daños significativos en México, afectando tanto al sector público como al privado. Desde la interrupción de servicios críticos hasta el robo de datos personales y financieros, estos incidentes han subrayado la urgencia de fortalecer las defensas nacionales contra las amenazas digitales.
La propuesta de la Ley Federal de Ciberseguridad y la adhesión al Acuerdo de Budapest son respuestas a estos desafíos, (ojalá pronto seamos oficialmente signantes del convenio de Budapest) buscando mejorar la cooperación internacional y establecer un marco legal robusto para prevenir y responder a estos delitos.
Paralelamente, en Estados Unidos, el presidente Biden ha emitido órdenes ejecutivas para mejorar la ciberseguridad nacional, destacando la importancia del TMEC en este contexto.
Estas acciones subrayan un esfuerzo conjunto en América del Norte para abordar los desafíos del ciberespacio, protegiendo así la infraestructura crítica y la información personal contra actores maliciosos.
La creciente preocupación por el ciberdelito en México y su respuesta a través de la propuesta de la Ley Federal de Ciberseguridad, alineada con el Acuerdo de Budapest, refleja un compromiso con la seguridad digital a nivel nacional e internacional.
Paralelamente, iniciativas similares en Estados Unidos, como las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Biden, enfatizan la importancia de la cooperación transfronteriza, especialmente bajo marcos como el TMEC.
Este enfoque colectivo hacia la ciberseguridad subraya un entendimiento compartido de los riesgos digitales y la necesidad de una acción unificada para proteger a las sociedades modernas.
Este tipo de legislación es necesaria también porque marca el compromiso de la iniciativa privada, y sobre todo para aquellas grandes cadenas multinacionales de redes sociales como Facebook, X y Amazon, entre otras, para que conozcan los límites que tienen en la difusión de información.
Establecer mecanismos de protección para no afectar a la población es crucial, ya que recientemente se ha difundido información sobre cómo el gobierno norteamericano, principalmente la Corte Suprema de Estados Unidos, ha recibido numerosas demandas contra Meta por desarrollar programas que causan adicción y significativos daños psicológicos a niños menores de edad. Todos estos esfuerzos legislativos que se están discutiendo en México pueden ayudar para que nuestro país inicie una era de regulación digital cuidadosa, que contribuya únicamente al progreso del género humano.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.