AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

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Por: Manuel Olvera Sánchez

Durante los últimos días hemos sido testigos de declaraciones tanto de legisladores locales como de ex funcionarios de la Universidad de Colima,  e incluso de algunos funcionarios del gobierno federal,  en función al tema de la autonomía universitaria a través de las cuales emiten su punto de vista dependiendo de lo que a su juicio es lo correcto.

La educación,  así como la salud,  son asuntos que cualquier gobierno del orbe deberá considerar sagrados,  ya que el primero es fundamental para el sano desarrollo de las personas,  máxime que es a través de ella como se forma para la vida; sin embargo,  no debemos perder de vista que  se debe privilegiar el uso correcto de los recursos económicos, cosa contraria no existirá dinero suficiente para que sea impartida.

Vale recordar que  una realidad que se vive en nuestra universidad es lo referente a los grupos de poder que en su momento existieron al interior y que hoy en día se ha concentrado en uno solo; también existen al exterior los grupos que demandan la democratización a través de una visión vanguardista: que las demandas de los docentes, trabajadores  y del alumnado no sean ignoradas,  utilizándolos mediáticamente para fines electoreros y económicos; la autonomía universitaria entre muchas cosas se deberá observar como una forma de vida para la clase investigadora, los docentes y  los trabajadores administrativos.

Si bien es cierto que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala,  en lo referente a la autonomía,  entre otras muchas prerrogativas la facultad de gobernarse a sí  mismas, también es cierto que  quienes están al frente de la Universidad de Colima actuando de manera omisa evaden lo referente a la gratuidad de la  educación plasmada en ese mismo artículo.

Desconozco cuál es el temor por parte de las autoridades universitarias a que se discuta lo referente a la autonomía por parte del poder legislativo, pero en el supuesto de que fuera lo relacionado al manejo de su hacienda,  con justa razón la defenderán de manera obsesiva ya que a través de las inscripciones ingresan una cantidad de dinero nada despreciable. Valdría la pena conocer con base en que las autoridades universitarias parten para establecer cuotas de inscripción; sano seria que a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad se legislara con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo dictado en nuestra carta magna con relación a la gratuidad.

Si bien es cierto  que el articulo 3° les otorgue a las universidades  la facultad de gobernarse a sí mismas, también es cierto que no les dota de impunidad en lo que se refiere al manejo de  su hacienda; cosa contraria las administraciones municipales podrían adoptar posturas similares al invocar el artículo 115 Constitucional donde les faculta para administrar libremente su hacienda, sin embargo,  durante cada ejercicio fiscal son sometidos a revisiones  por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y por los órganos de control estatales y los órganos de control interno.

Quienes tienen temor a perder prerrogativas argumentan que son solo los universitarios los facultados para realizar reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, olvidan que es una ley que nació hace 40 años, situación que la ubica fuera de contexto, del contexto que hoy en día estamos viviendo como país, donde gracias a la libertad de elegir a nuestros gobernantes ya  es una realidad la democracia y no una utopía a través de la cual se estuvo engañando al pueblo mexicano.

Qué razón de ser tendría lo enmarcado en el artículo 49° de nuestra Carta Magna con relación a la división de poderes como los son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si bajo el argumento de la autonomía señalan y satanizan  a quienes buscan una universidad democrática; sin embargo el poder legislativo cuenta con las facultades necesarias para escuchar a investigadores, docentes, personal administrativo e incluso funcionarios que demandan cambios radicales a la forma en como se ha conducido a nuestra alma mater y realizar reformas a la Ley que rige la vida interna de los universitarios.

Vale recordar que Universidades coma la Nacional Autónoma de México (UNAM) y la de Guadalajara (UdeG), son universidades en las cuales sus funcionarios comprometidos con la sociedad nunca se han escudado en la autonomía para manejar a su antojo lo relacionado a su hacienda, y me refiero a su hacienda ya que estas universidades por solo mencionar algunas su cuota de inscripción es simbólica, es decir, con solo presentar una ficha de depósito bancario a nombre de la Institución el alumno tiene acceso a la educación.

Ahora bien, con relación a la excelencia académica, en el año 2019 dentro de las 10 mejores instituciones de educación superior en nuestro país y que son evaluadas por diferentes organismos internacionales,  las que destacan son la Universidad Nacional Autónoma de México, la Anáhuac y el Instituto Politécnico Nacional; o sea que quienes defienden y se escudan en la autonomía lo hacen a manera de conveniencia ya que los resultados académicos son meramente escasos.

Y como muestra de cómo la gratuidad de la educación es posible,  basta señalar a Finlandia donde  solo el 5 % de ellos son particulares, el 95% de las instituciones educativas son de tipo públicas y la enseñanza en ellas así como  el comedor y los materiales son gratuitas.

Colima cuenta afortunadamente con representantes federales y locales que conocen a cabalidad bajo que visión se ha conducido a la Universidad de Colima, cuenta con funcionarios cercanos al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a través de los cuales pueden hacer de su conocimiento que su visión en materia educativa y en particular lo relacionado a la gratuidad los funcionarios de nuestra alma mater están actuando de manera omisa al no acatar los dictados enmarcados en nuestra Carta Magna.

Colima cuenta con un Poder Legislativo emanado de la voluntad popular y su proceder debiera ser legislar bajo un alto sentido de responsabilidad para con los colimenses y máxime que cuentan con las condiciones política necesarias para efectuar las reformas necesarias a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, caso contrario, la sociedad se los recriminara y pasarán a la historia legislativa sin pena ni gloria.

El Legislador Vladimir Parra deberá acreditar si efectivamente su iniciativa surgió por una necesidad añeja exigida por la comunidad universitaria para cambiar el rumbo de la institución o solo fue una más de sus estrategias mediáticas para buscar posicionarse en el electorado, y si así lo fuese, muy pronto la sociedad colimense estará en condiciones de conocer la realidad.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

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