Juan Carlos Flores|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Las quejas por violación a los derechos humanos durante el 2017 aumentaron con respecto al 2016, señaló Sabino Hermilo Flores Arias, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).
En su informe de resultados en el congreso estatal, el ombudsman mencionó que en el 2017 se recibieron 466 quejas, 15 más que en el 2016.
Además se atendieron mil 329 personas y de estas 1,084 fueron asesorías presenciales y 245 fueron asesorías telefónicas.
Los hechos violatorios dieron lugar a las 7 recomendaciones emitidas durante el ejercicio sobre el que se informa y versaron sobre la vulneración a los derechos: a la legalidad, al trato digno, a la libertad, a integridad y seguridad personal y a la inviolabilidad del domicilio.
Dichas recomendaciones, han derivado de la emisión del inicio de procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales con perspectiva de género, que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en Derechos Humanos, así como de Actuación para la Detención de Personas.
Además de exigir la reparación del daño moral causado, se ofrezcan disculpas públicas y se realice la inscripción de los afectados en el Registro a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
“Los problemas de violencia e inseguridad son realidades que transgreden el estado de paz al que tienen derecho los colimenses, y a consecuencia de ello, una gran parte de la sociedad ve minada la confianza en sus instituciones”, dijo.
Por graves que sean las circunstancias que atraviesa nuestro país, continuó, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas.
“El respeto a los derechos humanos, es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido, por supuesto, el relativo a la seguridad.”
Agregó que el carácter extraordinario en tareas de seguridad pública “no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea, de allí nuestro rechazo conjunto de todos los organismos públicos defensores de derechos humanos, al igual que la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU y de la Comisión interamericana de derechos humanos, a la aprobada ley de Seguridad Interior”.