Por: Manuel Olvera Sánchez
Durante los últimos años las auditorias han adquirido un papel fundamental tanto en el ámbito privado como en el sector gobierno; las auditorias son tan antiguas como la humanidad misma, basta con mencionar como en la edad media los hacendados y los grupos favorecidos deberían de entregar el diezmo al virrey y a la iglesia, por lo tanto, requerían de establecer controles internos con la finalidad de cumplir a cabalidad con los compromisos contraídos.
Con la finalidad de que las auditorias cumplan con su cometido es indispensable que estas sean llevadas a cabo por un tercero, es decir, que sean ajenos a ella, tanto quien preparó la información y el usuario, ya que de esta manera se estará en condiciones de tomar decisiones bajo un criterio de total imparcialidad y tomando como referencia los resultados del trabajo realizado por conocedores de la materia.
Las auditorias deben estar basadas bajo los principios de contabilidad, ya que con base en ellos estaremos en condiciones de saber el estado que guarda una organización privada o pública, ya que la opinión generada en el informe final se deberá prestar especial atención a la correcta aplicación de los recursos y observar de manera muy particular si los posibles actos de corrupción efectivamente fueron eso o simplemente se presentaron omisiones de tipo administrativo.
En días pasados, la titular del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) Indira García, realizó la entrega de los resultados de auditoria realizada a 23 entes públicos que fueron objeto de auditorías, como los son: Gobierno del Estado, los 10 Municipios, Organismos operadores de agua, el poder judicial, el legislativo y el tribunal de justicia administrativa.
La titular del OSFIG, señaló que dentro de los informes entregados al poder legislativo corresponde al ejercicio fiscal 2018 y destacan el incremento hasta de un 40% de las observaciones comparadas con el ejercicio fiscal 2017, razón por la cual los legisladores y muy en particular quienes integran la Comisión de Responsabilidades deberá prestar atención al contenido de los informes presentados.
La Comisión de Responsabilidades integrada por mayoría de diputados emanados de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) deberán prestar especial atención al trabajo desarrollado por el OSAFIG, ya que en muchos casos dichos informes de auditoría contienen señalamientos que independientemente de que son del dominio público , si la formulación no se encuentra debidamente soportada por fundamentación legal correspondiente se corre el riesgo de que en los tribunales se pierdan los juicios y queden impunes las presunciones de desvió de recursos.
Nuestro país ha figurado dentro de las naciones peor evaluadas en lo que al manejo de recursos públicos se refiere, razón por demás que tanto el OSAFIG debió realizar un trabajo con plena independencia e imparcialidad y el poder legislativo deberá proceder privilegiando el estado de derecho, ya que si nuestro país se encuentra ubicado en lugares nada honrosos en gran medida obedece a la pasividad con la cual actúan los diferentes actores políticos que son los encargados de sancionar este tipo de conductas contrarias al interés del pueblo.
Vale recordar que MORENA no solo cuenta con mayoría en la Comisión de Responsabilidades de la cual es presidente Arturo García Arias (MORENA), Francisco Rodríguez (PAN) y Vladimir Parra (MORENA), de los cuales los dos primeros cuentan con basta experiencia en tareas legislativas. También cuenta con mayoría entre los integrantes del Poder Legislativo, lo cual facilitaría en un momento dado el aplicar las sanciones correspondientes al momento de presentar al pleno los dictámenes mediante los cuales se deberá castigar a quienes se les haya acreditado procederes indebidos.
Serán los diputados quienes conocerán a cabalidad los informes de auditoría presentados por el OSAFIG, razón por demás que tienen la maravillosa oportunidad de pasar a la historia como legisladores que están poniendo punto final a muchos de los vicios heredados a través de los años y que en gran medida se arraigaron en virtud de que rara vez las sanciones propuestas se hacían efectivas.
Los diputados de MORENA y de las otras fracciones política que integran la actual legislatura deberán ser congruentes con los dictados del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya que uno de los discursos del Presidente es el combate frontal a la corrupción al grado de hoy en día este es considerado como delito grave, esto con la finalidad de que aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción sean encarcelados y dejar un precedente como legisladores que privilegiaron el estado de derecho por encima del compadrazgo y del amiguismo político.
Independientemente de las reformas legales realizadas, vale recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla sanciones a los servidores públicos de todos los niveles, incluyendo al Presidente de la República, la aplicación de la ley ha sido letra muerta, sin embargo la historia registrará para bien o para mal del pueblo de Colima a que intereses respondieron los legisladores; la dirigencia de MORENA en el estado deberá ser muy estricta con sus legisladores y exigirles que su proceder sea privilegiando el estado de derecho por encima de esa inercia negativa tan arraigada al interior del poder legislativo como lo han sido las negociaciones políticas.
La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.
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