Por: Ángel Durán.
De acuerdo al artículo 17 de la Constitución mexicana, solamente el Estado puede aplicar justicia. Esto surge a raíz de que se prohibió la venganza privada.
La importancia de que el Estado garantice que toda persona acceda a los sistemas de justicia, es una cuestión de orden público y por eso existen instituciones y leyes para garantizarlo.
Esta garantía constitucional se tiene como un derecho humano, para que cualquier persona pueda acudir a los tribunales a pedir que los jueces resuelvan un conflicto, con base en lo que establece la ley y se haga con justicia a, quién de las partes tiene la razón.
Esta es la forma en cómo el Estado protege uno de sus fines primordiales, que es, el garantizar un sistema judicial eficiente y que esto dé como resultado el orden social confiable para toda persona.
En otras ocasiones en mis artículos he comentado, que el Estado, por conducto de los tribunales de los poderes judiciales de cada entidad federativa, tienen la responsabilidad de que la sociedad tenga un sistema constitucional justo.
¿Y qué pasa cuando el Estado no lo garantiza? Vea usted, debe ser la misma sociedad, pero, sobre todo, trabajando unidos para defender y exigir que el Estado garantice un sistema judicial eficiente. Que los juzgadores impartan justicia a nombre del Estado, pero de calidad.
Esta no es tarea fácil, sobre todo, se complica cuando la autoridad estatal, no ha cumplido con su deber de fortalecer a los tribunales, es importante que se tome en serio esa responsabilidad y la sociedad, cuando vea que el poder judicial se debilita o no toma decisiones apegadas a los fines de la ley, debe entrar a exigir que se le respete su derecho individual y colectivo, de contar con sistemas judiciales efectivos, porque la aplicación de justicia tiene que ser efectiva, no nada más contar con las instituciones y las leyes que se supone tenemos, sino que es necesario además que éstas, dé buenos resultados y que la sociedad esté conforme.
El poder judicial como institución, el y la juzgadora, deben estar conscientes, que están aplicando justicia, no nada más como persona, sino a nombre del Estado, esa responsabilidad, se las da su nombramiento y deben estar conscientes, que, ese deber tiene que ser efectivo, conlleva la responsabilidad del poder público, para hacer cumplir los valores y principios de dignidad humana y de la obligación que tiene una nación para proteger los derechos humanos de sus habitantes.
Aplicar justicia a nombre del Estado, conlleva la obligación del juzgador, a conocer todo el sistema legal en nuestro país, incluso, el contenido en tratados internacionales, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de la persona en lo particular y de la sociedad bajo un interés colectivo, así es que, la responsabilidad frente a la sociedad, es enorme, pero tenemos que transitar hacia ese sistema de derecho constitucional.