Sin embargo, el diputado priista ve poco probable que sus homólogos de Acción Nacional recurran a instancias jurisdiccionales ajenas al Congreso del Estado para dirimir si el tratamiento de aguas es un servicio concesionado a un particular o si, a través de un contrato de prestación de servicios, es Ciapacov quien lo ofrece a los usuarios, pues son recurrentes los reveses legales que en el ámbito federal han recibido los panistas cuando han querido revertir decisiones del Poder Legislativo.
Ante esa situación, Anzar Herrera dijo que es muy claro que al Grupo Parlamentario de Acción Nacional le interesa únicamente que el asunto se mantenga en el ámbito mediático, ya que en el ámbito legal saben que no tienen posibilidad alguna de éxito.
En ese tenor, recordó el caso de Elías Martínez Delgadillo, ex alcalde Tecomán condenado por la justicia federal a pagar 500 mil pesos al Ayuntamiento tecomense y cumplir una inhabilitación por cinco años; la separación de Jorge Luis Preciado como diputado local, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , ante la orden de revocación de un amparo, esto a solicitud del ministerio público federal, y más recientemente, la negativa de la Justicia de la Unión a otorgar los amparos a los usuarios de Ciapacov, promovidos por el ex panista Gabriel Salgado Aguilar.
En la víspera, el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Enrique Michel Ruiz, calificó de ilegal el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales, asegurando que se dio una concesión simulada, y ésta debió ser aprobada por el Congreso del Estado y por los cabildos de Colima y Villa de Álvarez.
Anzar Herrera aseguró que en la primera reunión de análisis de la licitación del servicio de saneamiento de las aguas residuales de Colima y Villa de Álvarez, celebrada la semana pasada, el gobernador Silverio Cavazos explicó con mucha claridad la diferencia entre una concesión y un contrato de prestación de servicios, figura ésta en la que encuadra el servicio que realiza la planta de tratamiento de aguas residuales.
El diputado priista descartó ilegalidad alguna en el servicio de saneamiento que realiza la planta de tratamiento de aguas residuales , pues al tratarse de un contrato de prestación de servicios y no de una concesión, no había motivos por solicitar la autorización, ni del Congreso del Estado ni de los cabildos de Colima y Villa de Álvarez.