*El estudio revisa casi un siglo de legislación estatal y advierte que, pese a la ampliación del concepto de patrimonio, persisten vacíos institucionales, fragmentación normativa y una limitada participación de las comunidades.
CN COLIMANOTICIAS
Colima. – Investigadores de la Universidad de Colima y de la Universidad Complutense de Madrid participaron en un estudio que analiza cómo ha evolucionado la legislación sobre patrimonio cultural en la entidad y de qué manera las leyes no sólo protegen edificios, paisajes, tradiciones y prácticas culturales, sino que también determinan cuáles tienen reconocimiento institucional y cuáles permanecen fuera de los mecanismos de protección.
La investigación, titulada Lo que las leyes protegen y omiten: Patrimonio cultural y regulación en Colima, México, fue realizada por Sebastián Alberto Longhi-Heredia (Universidad Complutense de Madrid), junto con Carlos Mario Amaya Molinar e Irma Magaña Carrillo, profesores investigadores de la Universidad de Colima. El artículo fue publicado en el número 38 de erph. Revista Electrónica de Patrimonio Histórico.
El equipo examinó, mediante un análisis documental cualitativo y comparado, la legislación patrimonial de Colima promulgada en 1931, 2008 y 2020, así como la reforma aprobada en 2023. El objetivo fue reconstruir los cambios en las definiciones jurídicas, las categorías de bienes reconocidos y los mecanismos establecidos para su conservación y salvaguarda.
Los resultados muestran que el concepto de patrimonio ha pasado de una visión centrada principalmente en monumentos históricos, arqueológicos y artísticos, a otra más amplia que incorpora manifestaciones inmateriales, elementos naturales, paisajes culturales y dimensiones bioculturales.
Sin embargo, esta ampliación conceptual no se ha traducido necesariamente en una protección más efectiva. El estudio identifica vacíos institucionales, jerarquías normativas y una distribución fragmentada de competencias entre los distintos niveles de gobierno, condiciones que dificultan la aplicación de las leyes.
Asimismo, los investigadores señalan que el patrimonio cultural continúa siendo un espacio de disputa simbólica, pues las normas jurídicas contribuyen a definir qué bienes, prácticas y memorias forman parte de la identidad reconocida oficialmente. En ese proceso, algunas expresiones culturales pueden quedar excluidas de los marcos legales y de las políticas públicas.
Otro de los hallazgos es la creciente utilización del patrimonio como recurso para impulsar el turismo y el desarrollo económico. Aunque esta relación puede generar oportunidades para los territorios, el estudio advierte que no siempre existen mecanismos efectivos para que las comunidades participen en las decisiones relacionadas con la identificación, conservación y aprovechamiento de sus bienes culturales.
La autora y los autores plantean que el desafío ya no consiste únicamente en ampliar aquello que las leyes consideran patrimonio, sino en fortalecer la coordinación entre regulación jurídica, gestión cultural y participación social. Esto permitiría construir modelos de gobernanza en los que las comunidades intervengan de manera activa en la protección y transmisión de su historia y su identidad.
En el caso de Colima, el artículo señala que la legislación cultural se ha desarrollado de manera fragmentada, pues la entidad no cuenta con una ley general de cultura que articule de forma integral la protección de sus bienes y manifestaciones. Esta situación ha obligado a abordar el patrimonio mediante distintas normas relacionadas con monumentos, archivos, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo, lo que puede generar vacíos, duplicidad de funciones y dificultades para coordinar las acciones de los gobiernos estatal y municipales.
El análisis histórico muestra que la ley estatal de 1931 entendía el patrimonio principalmente como un conjunto de monumentos, bienes muebles e inmuebles y lugares de belleza natural con valor artístico, arqueológico o histórico. Las disposiciones de 2008 y 2020 ampliaron progresivamente esa definición, mientras que la reforma de 2023 incorporó con mayor claridad el patrimonio inmaterial, los paisajes culturales y las áreas de valor natural. Para los autores, esta transformación refleja el tránsito de una visión monumentalista hacia otra más diversa, vinculada con la memoria colectiva, las prácticas comunitarias y la relación entre cultura y naturaleza.
No obstante, la investigación advierte que reconocer nuevas categorías en la ley no garantiza por sí mismo su conservación. La protección efectiva requiere instituciones con atribuciones claras, recursos suficientes, mecanismos de coordinación y espacios para que la población intervenga en la identificación y gestión de aquello que considera valioso. De lo contrario, señalan, las decisiones pueden continuar concentradas en las autoridades o sujetas a intereses económicos y turísticos, sin incorporar plenamente las necesidades y significados que las propias comunidades atribuyen a su patrimonio.
Carlos Mario Amaya Molinar es doctor en Turismo, Derecho y Empresa por la Universitat de Girona, maestro en Finanzas por la Universidad de Colima y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador del programa de Turismo de la UdeC y forma parte del Cuerpo Académico UCOL-CA-60 Estudios del Turismo y la Competitividad.
Irma Magaña Carrillo es doctora en Ciencias, en el área de Relaciones Internacionales Transpacíficas, y profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima. Ha sido reconocida por la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo por su trayectoria académica y también pertenece al Cuerpo Académico Estudios del Turismo y la Competitividad.
Sebastián Alberto Longhi-Heredia es doctor en Comunicación y máster en Patrimonio Histórico y Natural por la Universidad de Huelva, así como máster en Médias, Cultures et Langues por la Universidad Paris 8 y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte de redes y grupos internacionales de investigación sobre patrimonio, artes visuales, turismo y competitividad. La colaboración con los académicos de la UdeC se originó durante una estancia doctoral realizada en esta casa de estudios en 2021.
Lea el artículo en: https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/33901.