ALERTA AMBER VS. PROTOCOLO ALBA: ¿QUÉ ES Y A QUIÉN BENEFICIA?

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La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Estábamos muy familiarizados en el estado de Colima con el concepto Alerta Amber, que es un programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional. Es independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes.

Es a través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de “datos con fotografía”, en todos los medios de comunicación disponibles, para lo cual el Gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización.

El encargado de activar una Alerta Amber es la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), quien evalúa, analiza y en su caso, realiza la activación. Pero debemos resaltar que la participación se extiende y se suman a este esfuerzo la Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y también quienes integran el Comité Nacional de Alerta Amber México; pero además participan la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Estas dependencias e instituciones y organismos públicos autónomos actúan como una sinergia para la operatividad del programa, el cual cuenta con un Comité Nacional, una Coordinación Nacional y Coordinaciones independientes de los gobiernos estatales en cada una de las 32 entidades federativas, así como enlaces en todas las delegaciones de la PGR.

Cuando un niño, niña o adolescente no es localizado, se realiza una valoración para activar la Alerta Amber de acuerdo con los siguientes criterios: 1) que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años. 2) que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal y 3) que se tenga información suficiente: Nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de la ausencia, así como la descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna otra información que se considere relevante. Gracias a este sistema de búsqueda se han localizado a 58 personas, de acuerdo con la información del sitio en internet.

La Alerta Amber fue creada como legado a Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue raptada mientras montaba su bicicleta en Arlington, Texas, y luego fue asesinada brutalmente.

Pero ahora hablaremos del Protocolo Alba, es el conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre instituciones públicas, que permitan agilizar y lograr la localización y resguardo del niño, niña o adolescente que ha sido sustraído o que se encuentra desaparecido y la recuperación y resguardo del mismo.

La Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, se origina por la trágica muerte de Alba Michelle y Keneth Alexis, debido a la inexistencia de un procedimiento que permitiera dar respuesta de forma inmediata y adecuada a las sustracciones y desapariciones de niños, niñas y adolescentes, ya que para ese entonces las autoridades policiales esperaban de 24 a 48 horas para iniciar la búsqueda y localización de una persona desaparecida.

Alba Michelle España Díaz tenía 8 años, vivía en el municipio de Camotán, Chiquimula. Desapareció el 14 de junio de 2007, un día antes de cumplir los 9 años. Su cadáver fue localizado en estado deplorable. Las agresoras fueron apresadas, aunque tardíamente, y condenadas a prisión; en el caso de Keneth Alexis López Agustín, de 4 años, oriundo de Jalapa, desapareció el 16 de diciembre de 2009. Aunque la familia y los vecinos se movilizaron en su búsqueda no fue posible localizarlo. El 23 de ese mismo mes su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de una casa vecina. Dos mujeres enfrentaron juicio penal y fueron condenadas a prisión. Habían secuestrado a Keneth con fines de trata.

A partir de la emisión de la sentencia del caso González y otras “Campo Algodonero”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009, en la que se solicitó la implementación de un programa de búsqueda y localización de mujeres ausentes y/o desaparecidas, Organismos internacionales solicitaron al gobierno de México, establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de mujeres y niños desaparecidos.

Dicho mecanismo debe dar respuestas y reacciones inmediatas tendientes a que esos casos sean objeto de una investigación rápida, cabal e imparcial, involucrando a los medios de comunicación y los familiares para que coadyuven con las autoridades de los tres niveles de gobierno, dada la vinculación estrecha que existe entre desapariciones y asesinatos.

El Protocolo Alba viene a completar el marco operativo y esqueleto jurídico de las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv), General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la aprobada en 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Por todo lo anterior, resulta por demás importante su implementación en el estado de Colima.