La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma.
John Dewey.
Por: Manuel Olvera Sánchez
Fue en el año 1997 cuando en Colima la sociedad harta del totalitarismo partidista que había gobernado el estado toma la decisión de cambiar la visión de gobierno que se tenía en ese momento, al grado de lograr ganar municipios representativos como lo son: Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez, así como lograr 10 de las 20 curules con las cuales contaba en ese año el poder legislativo e incluso estuvo a escasos votos de ganar la gubernatura.
Fue precisamente en el ejercicio fiscal del año de 1998 cuando los ayuntamientos debido a su falta de liquidez, la federación toma la determinación de asignarles recursos adicionales a través de fondos del ramo XXXIII que básicamente venían etiquetados para cubrir deuda pública, seguridad pública, infraestructura social, entre otras necesidades, o sea que los ayuntamientos no tendrían argumento alguno para justificar sus omisiones ante la prestación de los servicios públicos que por ley están obligados a cumplir.
Con el correr de los años, la capacidad financiera de los ayuntamientos ha sido mermada por una gran cantidad de vicios, mismos que se resisten a desaparecer en contubernio con las mismas autoridades, sin embargo, existen las condiciones para lograr satisfacer las necesidades básicas de la población.
Las administraciones municipales cuentan con herramientas legales a través de las cuales se pueden allegar de recursos económicos y es básicamente combatiendo el rezago por concepto del pago del impuesto predial, sin embargo, podemos presumir que bajo una visión cómoda por parte de la clase gobernante no trabajan en atacarlo, ya que al no hacerlo generan simpatías e incluso lo utilizan con fines meramente electorales.
En el caso particular del impuesto predial que recaudan las tesorerías municipales y que representan en algunos casos un 70% de sus ingresos propios, las autoridades municipales cuentan con la facilidad administrativa de canalizar esos recursos hacia los fines específicos que los ayuntamientos consideren necesarios, sin embargo debemos resaltar que la recaudación en nuestro país por ese concepto es extremadamente baja con relación a países como Reino Unido, Estados Unidos y Francia que recaudan desde un 4.2 y un 3.1 de su producto interno bruto (PIB) y México ronda por alrededor del 0.13 de su PIB tan solo en el año 2010.
La semana pasada, los alcaldes de Colima, Leoncio Morán; de Villa de Álvarez, Felipe Cruz; de Minatitlán, Lilia Figueroa; de Comala Donaldo Zúñiga; de Tecomán, Elías Lozano; de Coquimatlán, Guadalupe Benavides; y de Armería, Salvador Bueno, convocaron a una rueda de prensa desarrollada en la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, en la cual el tema central fue el mal llamado “recorte” de participaciones hasta por la cantidad de 112 millones por parte de la federación, lo anterior a decir de ellos derivado de la pandemia COVID-19.
Quizá los alcaldes actuaron bajo dos presunciones: la primera es el total desconocimiento de las disposiciones legales enmarcadas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM); y la segunda en la cual revelan un oportunismo político aprovechando la situación de salud existente hoy en día no solo en México, sino a nivel mundial.
Los alcaldes fieles al actuar que durante muchos años ha estado vigente, no han logrado comprender que hoy en día la cuestión política nada tiene que ver con cuestiones técnicas, omiten observar que la LDFEFM en su Artículo 15 señala: que en caso de presentarse una disminución en los ingresos contemplados en la Ley de Ingresos deberán ajustar sus presupuestos de egresos con la finalidad de lograr un balance presupuestario con base en los recursos disponibles.
Los alcaldes quejosos, omiten que la LDFEFM los obliga a establecer políticas de austeridad en lo referente al gasto, tal y como lo ha estado haciendo el Ejecutivo Federal, buscan confundir a la sociedad de su ineficiencia, bajo un oportunismo político no informan a la sociedad que los ajustes son por una situación de la cual es ajena el Gobierno de la República.
Omiten señalar que los recortes fueron cosa del pasado, hoy en día se está haciendo valer el estado de derecho, se están ejecutando ajustes con la finalidad que predominen las disposiciones legales que buscan precisamente dejar sin efecto vicios arraigados que derivaban en conflictos financieros y que comprometían las arcas estatales y municipales.
Si bien es cierto que asistieron 7 de los 10 alcaldes a la rueda de prensa, es de destacar que entre los que no hicieron acto de presencia se encuentran dos los alcaldes que durante su gestión han acreditado un manejo eficiente de las finanzas como lo son: los alcaldes de Manzanillo y de Cuauhtémoc, alcaldes que durante su administración no han solicitado, incluso, adelanto de participaciones para cubrir compromisos de fin de año.
Los alcaldes que se quejan del mal llamado “recorte”, olvidan que cuentan con una fuente de ingresos como lo es el rezago del predial y otros conceptos a través de los cuales pueden oxigenar sus arcas municipales, sin embargo, acostumbrados a un sistema paternalista donde el gobierno federal les resuelva todas sus necesidades, omiten cumplir con su obligación elemental como lo es trabajar en favor de sus gobernados.
Vale destacar que administrar un Municipio como lo es Manzanillo no es nada fácil, y máxime que fue heredado con una deuda financiera mayúscula y compromisos laborales que comprometen de manera significativa las arcas municipales, sin embargo, la alcaldesa Griselda Martínez ha sabido capotear con honestidad, inteligencia, carácter y trabajo todos esos vicios que le fueron endosados, situación que la ubica entre los ediles mejor calificados a nivel nacional y con posibilidades de continuar sirviendo al pueblo.
¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!
La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.
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