Agresión de Silverio, Demandar a Proceso

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    En su columna titulada «Los combates de Proceso», que publica habitualmente el semanario de circulación nacional, Granados Chapa, entre otras cosas, sobre el caso particular del gobernador colimense, refiere que ..»Una semana antes de este suceso, el viernes 13, se inició otro que, como dije arriba, puede tener consecuencias aun más graves que las decisiones resultantes de la iniciativa judicial de la esposa del expresidente de la República. En un rasgo supremo de inverecundia, el gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Cevallos presentó ante su empleado, el procurador de justicia de esa entidad, Arturo Díaz Rivera, dos denuncias por la publicación del reportaje titulado Colima: todos están en el narco, aparecido en el número 1687 de este semanario, que comenzó a circular el domingo primero de marzo.

    Aunque el Ejecutivo local pretendió que las denuncias corresponden una a su condición de persona particular y otra a su carácter de representante del pueblo colimense, a quien consideró agraviado con la publicación de un texto basado en expedientes judiciales y reportes de oficinas gubernamentales de inteligencia. Sin embargo, al día siguiente del trámite ministerial convocó en su carácter de gobernador a una conferencia de prensa para hablar de la doble vertiente en que supone discurrirá el procedimiento.

    Cavazos Cevallos se hizo acompañar por su señora esposa, por la secretaria de Gobierno y por los abogados contratados exprofeso, que es de suponerse serán pagados por la oficina del gobernador, con recursos públicos. El político colimense arguyó que «no se vale que se hagan imputaciones sin ningún fundamento» y que «no es correcto que sin elementos fehacientes y tan sólo con elucubraciones (sic) personales de alguien que se dedique al periodismo pueda dañar la imagen pública de persona alguna». El reportaje no incluyó imputación alguna a su persona. Sólo refirió que dos de sus hermanos han tenido problemas judiciales por su relación con delitos contra la salud.

    Otras personas mencionadas en el reportaje buscaron simplemente desmentir. Si bien se reservaron de modo expreso su derecho a iniciar acciones legales, el senador Rogelio Rueda Sánchez, la señora Isaura Anguiano Chávez y Rafael Ordorica Suárez escribieron a Proceso expresando su inconformidad y disgusto por su inclusión en el material periodístico impugnado. En cambio, el gobernador decidió hacer uso de su poder para iniciar un procedimiento de carácter penal, cuya averiguación previa será realizada por el Ministerio Público encabezado por el procurador que depende del denunciante y ventilado ante un Poder Judicial que, a la antigua usanza, que es la misma de hoy en los gobiernos locales priistas, está en último término sometido también al gobernador.

    Nadie se asombrará de que procedimientos penales sesgados de origen concluyan en sentencias contra quienes resulten responsables de los actos denunciados por el gobernador. Pero conocer de antemano el desenlace no significa que debamos pasivamente esperarlo y padecerlo. Declarémoslo desde hoy inadmisible y luchemos, no sólo en esta casa sino en los ámbitos más anchos del periodismo en general, contra una agresión que en cualquier momento, por cualquier motivo, en cualquier estado, puede dirigirse a cualquiera de nosotros, oficiantes de la prensa».

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