Acepta la PGJE Recomendación de la CEDH

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    A través de las recomendaciones 001/08 y 002/08 del 24 de junio y notificadas a la Procuraduría el viernes pasado, el organismo humanitario demandó también la reparación del daño psicológico ocasionado a Jannethe Eugenia Padrón Bataz, de 16 años, y a su madre Margarita Bataz Navarro.

    Así mismo, la comisión recomendó al procurador concluir la denuncia penal presentada el año pasado por ambas mujeres, bajo el expediente 037/2007, por el delito de lesiones y lo que resulte.

    Margarita Bataz y su hija, junto con tres personas más, fueron detenidas en Manzanillo el 5 de junio de 2007 después de participar en un acto de protesta encabezado por Bios Iguana en contra de la destrucción de la laguna de Cuyutlán, durante un evento oficial del gobernador priista Silverio Cavazos Ceballos.

    De acuerdo con sus testimonios, al culminar el evento se dirigieron hacia el poblado de Santiago a bordo de una camioneta conducida por Benjamín López Campos, en la que también viajaban el padre de éste, Rodolfo López Larios, y Yuridia Guadalupe Trejo Bataz, otra hija de Margarita.

    En el camino, narraron, el vehículo fue alcanzado por la comitiva oficial y sus ocupantes fueron detenidos y sometidos por la fuerza por escoltas del gobernador y agentes policiacos.

    Según dijeron las quejosas, además de los golpes recibidos durante la detención, una vez en las instalaciones del Ministerio Público fueron encerradas en celdas por separado, obligadas a desnudarse totalmente y a toser y hacer sentadillas al mismo tiempo.

    Manifestaron también que fueron obligadas a firmar sus declaraciones sin permitirles leerlas previamente.

    Durante la madrugada del otro día, los detenidos fueron puestos en libertad luego de la intervención del senador Carlos Sotelo García ante el gobernador, quien argumentó que había sido agredido por los manifestantes, los que presuntamente arrojaron un paquete de volantes contra la camioneta en la que viajaba.

    En el transcurso de su investigación, la Comisión de Derechos Humanos de Colima contó con la colaboración de la CNDH en la aplicación del “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

    Los exámenes aplicados a las víctimas fueron hechos por el médico Fernando Cervantes Duarte, el psicólogo Adrián Govea Fernández Cano y la abogada Laura Daza Sandoval, todos ellos adscritos a la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

    En entrevista, el procurador Díaz Rivera anunció hoy que aceptará las recomendaciones y aseguró que si se comprueba la responsabilidad de agentes bajo su mando, serán castigados conforme lo marca la ley.

    El funcionario mencionó también que a través del área de atención a víctimas del delito se ofrecerá atención psicológica a las quejosas, o si ellas prefieren la participación de otra institución, se gestionará el apoyo de la Secretaría de Salud, DIF o el Hospital Regional Universitario.

    Por su parte, el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, se mostró satisfecho en parte con las recomendaciones, pues dan la razón a los señalamientos de violaciones a los derechos humanos, pero cuestionó el hecho de que en el reporte del ombudsman no se reconoce la participación del gobernador en los sucesos.

    Otra de las omisiones, de acuerdo con Martínez Campos, es el hecho de que tampoco se menciona la presencia del procurador durante los interrogatorios a las afectadas.

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