Por: Ignacio Toscano Ramírez
El catalizador de la investigación sobre el desvío de recursos o los conflictos de interés en el Instituto Nacional Electoral debería ser el gran escándalo; ya que más allá de si es un delito o una falta administrativa grave que deba investigarse, la preocupación es la respuesta de las instituciones que tienen la obligación de hacerlo.
El Estado de Derecho se erosiona cuando las instituciones dejan de actuar con autonomía, cuando la legalidad se interpreta conforme a las conveniencias del poder y cuando la exigencia de responsabilidades depende de quién sea el señalado. Es cuestionable que, frente a los hechos que requieren una investigación objetiva, la respuesta sea un deslinde político en lugar de esclarecer lo sucedido, eso indiscutiblemente es sinónimo de impunidad.
Es grave que se pierda la independencia en las instituciones encargadas de cuidar la transparencia y la legalidad. El INE, por su naturaleza, requiere consejeros y autoridades que actúen con neutralidad. Es necesario que se democratice sin importar los partidos políticos. La legitimidad y credibilidad de dicho instituto no derivan de la designación de sus integrantes, sino de que sus decisiones no se encuentren vinculadas al amparo del poder, como ocurre ahora.
La confianza de la sociedad mexicana en sus instituciones está resquebrajada. La corrupción puede cambiar su rostro, pero no desaparece por decreto o porque todas las mañanas nos digan que ya no existe. Comparar las actuaciones actuales con las de antes no hace objetivos a los gobernantes, ya que se demostró que, en ocho años, lo único que transformaron es la narrativa de cómo “legalizar” la corrupción.
La justicia no debe convertirse en instrumento de conveniencia política, ni la fiscalización en un mecanismo selectivo que persiga a unos y proteja a otros. Cuando la vigilancia del recurso público pierde su independencia, deja de cumplir su función esencial y se convierte en simulación institucional. Se volvió una blasfemia hablar de autonomía, ¿o ya se olvidó que el titular de la Auditoría Superior de la Federación que realizará las investigaciones históricas en el INE es hijo de quien se desempeñó como secretario particular de la ahora Presidenta de la República?
En la política las coincidencias merecen explicación porque está en juego la credibilidad pública. Lo del INE son sólo deslindes y es evidente que lo único que se busca desde el poder es desviar con la narrativa la responsabilidad de la exconsejera presidenta, porque no sólo son cómplices, son socios del mismo emporio.
La pregunta ya no es quién sí está dispuesto a investigar (hasta la presidenta lo hace), sino quién sí está dispuesto a sancionar, garantizando que la ley se aplique sin privilegios.
Y mientras no esté garantizado el Estado de Derecho, no habrá democracia, como tampoco podemos pensar en ella ante la falta de una institución sólida encargada del sistema electoral.
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