Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
El fracaso de la reforma judicial impulsada por el régimen de Morena se exhibe, sin matices, cada vez que sesiona la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que debería ser el máximo tribunal constitucional del país resulta un vodevil, cuyos personajes destacan por intervenciones erráticas, falta de técnica jurídica, pobreza argumentativa y, peor aún, una actitud que raya en el desdén por la función jurisdiccional.
De ese nivel tan paupérrimo son quienes integra Corte y defienden, supuestamente, nuestra constitución. Por eso preocupa —y mucho— que en lugar de solidez argumentativa se observe improvisación, y en lugar de rigor, descuido. De ahí las imágenes de ministras y ministros distraídos, ajenos al debate.
A la ineptitud se suma ahora la opacidad. Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Corte quedó, en los hechos, como juez y parte en materia de transparencia. Se vigila a sí misma. Y el resultado es predecible: decidió reservar por cinco años la información sobre su parque vehicular, en medio de cuestionamientos por dispendios. Recordemos que el principal argumento del régimen para desaparecer el andamiaje institucional del país ha sido la austeridad, aunque en realidad es la concentración del poder.
Tan es así que tuvo que intervenir la propia Claudia Sheinbaum Pardo para recordarles lo elemental: la obligación de transparentar. Sólo entonces, y de manera parcial, se informó que cuentan con 151 unidades, de las cuales 60 son propias. Pero los datos clave —costos de arrendamiento, contratos, empresas proveedoras— siguen en la opacidad. Y ya no hay INAI que obligue a esta burla de suprema corte a respetar el derecho humano al acceso a la información.
Por consiguiente, estamos ante una institución que, además de cuestionada por su desempeño, ahora también lo está por su falta de rendición de cuentas. Y en un país donde la transparencia era uno de los pocos avances institucionales, este retroceso demuestra un problema estructural.
Porque la desaparición del órgano garante de acceso a la información no fue un accidente. Fue una decisión política. Y sus efectos comienzan a notarse: menos controles, más discrecionalidad y un poder que opera con menor escrutinio. Es decir, todas las características de un régimen autoritario y corrupto.
Dos puntos.
Con el programa Avanza Mujer, el gobierno de Indira Vizcaíno tiene un acierto al apoyar a emprendedoras, cuyos negocios tienen más de 2 años y que pueden adquirir, con estos préstamos, equipamientos para fortalecer sus empresas. Ya van más de 160 solicitudes en menos de dos semanas de que se anunció, lo que confirma la necesidad de esta clase de políticas públicas, tan positivas para el desarrollo económico no sólo del estado, sino en lo particular de las familias encabezadas por mujeres.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.