TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Estamos en 2016. Desde ese entonces, el dirigente del Frente Colimense del Transporte, Hugo Chávez Ríos, calificó como irregulares a varias empresas que, como Uber, Chofer PRO y otras agrupaciones, prestaban el servicio de taxi a la población. Consideró que tales empresas, y lo considera aún luego de dos años, no tenían (ni tienen en la actualidad) concesión del gobierno del estado para explotarla (Colima Noticias).
Uber Technologies Inc. es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado habiéndose lanzado en Colima desde ese tiempo la aplicación Chofer PRO que otorga el mismo servicio de Uber. La introducción de Uber, como en otras partes del país, ha generado varias situaciones de inconformidad de taxistas y de ciudadanos que han sufrido asaltos, violaciones u homicidios cuando han contratado tal servicio. “Ya hay Uber, ya hay Chofer PRO, estamos preocupados, pero ellos prestan un servicio ilegal, normalmente cuando hay algo ilegal los delincuentes tratan bien a la gente porque tienen que ganarse la confianza”, dijo Chávez Ríos. Es increíble la tolerancia por parte de la autoridad, que aduce no tener personal para sancionar a las unidades irregulares, dijo.
Han pasado dos años desde aquella fecha y hoy el problema se ha agudizado. Más de 600 unidades de transporte público de taxi circulan ilegalmente en los municipios de Colima y Villa de Alvarez sin control alguno, situación que pudiera generar en cualquier momento momentos difíciles (por llamarlos de algún modo) a los usuarios.
El transporte es una actividad primordial en todas partes. Amerita que el Estado, como ente regulador, mantenga en orden todo lo relacionado con las concesiones y el servicio. En el aspecto de permisos, ha fructificado un gran esfuerzo del área jurídica de la Secretaría de Movilidad que ha digitalizado la documentación de cada unidad y otorgado una clave única que permite la pronta identificación de las circunstancias de cada vehículo.
Hacía falta este orden, sin duda. Costó mucho trabajo todo eso porque hacía años que no existía manera de controlar la actividad creciente del transporte urbano mediante taxis y camionetas de carga y pasaje. Palomita para su área jurídica en este tema.
Pero es urgente hoy que la Secretaría se comprometa a regular los permisos que otorga a las empresas y establecer operativos en coordinación con autoridades de Tránsito, para que sean detenidas las unidades que presten servicios fuera de la ley. No hay pero que valga. Si hay una forma de mantener la armonía en una actividad fundamental como es la movilidad de personas, es haciendo respetar los reglamentos y castigar a quienes no los acaten. Dicho de otro modo: no despierten al tigre y crean que el dirigente Chávez Ríos se la pasa comiendo pasitas o dulces de chocolate.
Este dirigente del Frente transportista, ha mantenido invariablemente una actitud crítica pero respetuosa hacia las autoridades estatales ante las protestas de sus agremiados, pero no se sabe hasta cuándo lograría contener el enojo o el enfado de choferes y propietarios de concesiones que ven amenazada su fuente de trabajo.
Quienes tienen en sus manos dar con las soluciones, deben pensar principalmente en el bien público y no en los intereses privados. En este tema, la parte principal son los habitantes de los dos municipios citados, que deben ser servidos con un transporte seguro, ágil y protegido por la ley.