TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
La ley se ha aplicado por la comisión de delitos electorales en la persona del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, asunto postergado desde el año pasado. Al ser prácticamente destituido del cargo por el congreso local, su partido el Pan protestó porque se trata de “una venganza política cocinada en casa de gobierno”. Ayer por la tarde el juez de distrito de Colima le concedió una suspensión provisional que deja sin efecto el acto del Legislativo.
Días antes de este trámite último, unos cuantos dirigentes y militantes panistas bloquearon la autopista Colima- Cuauhtémoc incorrectamente, actos que están lejos de ejecutar cuando las leyes le favorecen. Este no es el camino. Otro impacto derivado de la separación del alcalde es la cacería que se ha desatado contra los diputados que votaron la destitución del munícipe. Los carniceros de hoy serán las reses de mañana ahí.
Los diputados han acatado una resolución del Trife que no debería discutirse. Si bien el alcalde hace un trabajo singular y es aceptado por la comunidad, su conducta el año pasado durante la elección de gobernador tipificó una violación a las reglas electorales.
El exgobernador Fernando Moreno Peña, quien tuvo una experiencia amarga cuando intervino con un dicho en el cierre de campaña de Gustavo Vázquez Montes y a éste le fue anulado el triunfo como gobernador, apunta acertadamente que el fallo del Trife es inatacable y en consecuencia irreversible. FMP dijo además que el asunto corresponde a la instancia federal y que el congreso local solo acata una sentencia de la Sala especializada de ese Tribunal.
O sea, no hay ánimo de revancha política de nadie contra nadie, es estrictamente un hecho jurídico juzgado luego de analizar el expediente del caso. Ni siquiera un gobernador puede echar abajo un fallo del Trife, y diría que hasta ningún presidente de la república. Recuérdese que se decía lo “palanca” que estaba Ignacio Peralta con Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray, pero aún con ese respaldo ese Tribunal anuló su triunfo para sorpresa de los priístas y de la población en general. El Pan aplaudió entonces. Quizás negoció la ley. Tenía motivos. También lo hizo años atrás cuando el Trife anuló la victoria de Gustavo Vázquez Montes sobre Antonio Morales de la Peña.
La destitución y probable inhabilitación del alcalde Rafael Mendoza dejará una lección para los políticos en general en el sentido de que han de respetar los procesos electorales pues no se vale ser juez y parte. A pesar de que el munícipe pidió licencia para separarse del cargo y ayudar a su correligionario a obtener la gubernatura, es claro que su intervención, al menos en el municipio que gobierna aún, impactó en el voto popular. Les dijo: voten por el que les digo, por Jorge Luis.
Es una pena la interrupción de un gobierno municipal que está haciendo bien las cosas, contactando con los ciudadanos, escuchándolos, atendiéndolos, haciendo suyos los problemas como en su tiempo lo hizo el fallecido gobernador por siempre Gustavo Vázquez. Rafael cumple a su comunidad lo ofrecido en campaña, pero su conducta política transgredió normas e influyó, reitero, en resultados electorales. La gente debe votar libremente sin el influjo de ninguna autoridad. Esto es precisamente lo que penaliza el Trife.
Este caso profundizará la división interna en el Pan, que prefiere la beligerancia interna a acuerdos básicos para enfrentar el año próximo a un fuerte contendiente como es el PRI. Me parece que la trifulca no le favorece y le impide procesar con madurez este tema.
No hay entonces demonios a la vista sino conductas electorales sancionados por una autoridad competente encargada por ley de hacerlo: el Trife. Pensar de otra manera es respetable, pero es equívoca. Ayer le tocó al PRI perder dos gubernaturas. La Ley mandó. Veremos cuál es el resultado final en este caso.