La Panga
Por: Mayahuel Hurtado Ortiz
Siempre estaré a favor de la libre manifestación de las ideas, de que sean señalados los abusos en contra de los más vulnerados. Y siempre me sumaré a las causas que busquen la igualdad social, la justicia y la equidad. Como ciudadanos todos tenemos derecho a decidir a qué candidato vamos a seguir en una contienda electoral, pero a lo que no tenemos derecho es a que siendo funcionarios hagamos uso tanto del poder, los recursos y el escenario de la función pública para dirigir los esfuerzos de quienes trabajan en las dependencias de los diferentes niveles de gobierno, para someterse y operar en favor de un proyecto político.
Al alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez se le sancionó por que siendo presidente municipal en funciones utilizó los espacios, los recursos y su figura de funcionario para acarrear votos que beneficiaran al entonces candidato del PAN a la gubernatura en el año 2016, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Debemos ser muy cuidadosos para analizar el tema, por el cual se le está juzgando al funcionario y es que nadie le impidió votar libremente, incluso, no se le sanciona por pertenecer a un partido político, el error gravísimo que cometió Rafael Mendoza fue el de participar de manera abierta en un mitin para apoyar a un candidato, cuando tenía pleno conocimiento que no estaba permitido por la ley y que su participación en ese evento sería sancionada tarde o temprano.
La política ha ido mutando, no solamente en sus procesos electorales sino en sus procesos post electorales, y en Colima se vivió una transición democrática en donde el Partido Acción Nacional ganó seis de diez alcaldías y la mayoría de las curules en el Congreso del Estado. Se equivocaron los asesores, pero más se equivocó el área jurídica de Acción Nacional, pues en esta elección que describo del 17 de enero del 2016 se vivieron escenas de continuos desafíos a la ley por parte de los candidatos del PAN y es en donde yo me hago la pregunta de los sesenta mil pesos, ¿En dónde estaba la barra de abogados de ese partido para emitir las recomendaciones a quienes diseñaban las estrategias para los eventos públicos?
Aparte de que el alcalde de Cuauhtémoc y el de Tecomán, Lupillo García, abiertamente pidieron el voto a favor del candidato de su partido, recordemos que en el caso de Tecomán el día de la elección, Lupillo ordenó la detención de algunos diputados federales que estaban como observadores del proceso electoral, violando su fuero constitucional, y generando las condiciones para violentar la elección y enfrentar a las fuerzas políticas que defendían a capa y espada cada voto de su candidato, dejaron en claro que el PAN adolecía de un elemento fundamental para cualquier instituto político y me refiero a la asesoría jurídica que estaba, se suponía, las 24 horas del día vigilando cada acción de cada uno de los integrantes de las diferentes fórmulas que se llevaron a cabo en los diez municipios de la entidad.
No le echen la culpa al Tribunal Electoral, tampoco al Congreso del Estado por acatar una orden de una máxima autoridad, tampoco le carguen el muertito al actual gobernador Ignacio Peralta, la situación es clara, violaron la ley y nadie puede estar por encima de nuestra Constitución Política. Pero además esto deja en claro un problema gravísimo en Acción Nacional y es el no reconocimiento de la indolencia de sus militantes y de la ignorancia de la ley para respetarla. Pues con todo respeto, todos tenemos el derecho a manifestarnos, pero también, todos tenemos derecho a transitar libremente por vialidades y caminos no solamente de Colima, sino de todo México. El Artículo XI de las Garantías Individuales de nuestra Carta Magna evoca a la Libertad de Tránsito y nada ni nadie está por encima de esas garantías.
Rafael Mendoza mal asesorado por su padrino político, decidió el día de ayer bloquear la autopista Colima – Guadalajara a la altura del entronque de Buenavista, al hacerlo, puso en riesgo la integridad física de quienes permanecieron durante más de dos horas retenidos, porque bloquear una vialidad es secuestrar a quienes transitan por ella. Pero también hay que destacar que esa acción dolosa puso en riesgo a quienes por motivos de salud requerían con urgencia ser trasladados a la ciudad de Guadalajara para recibir atención médica en los diferentes nosocomios, bien sea por embarazos de alto riesgo, o personas que su condición de salud requería de otro nivel de atención. Sin embargo, aún no terminamos la lista de responsabilidades, con la situación que se está viviendo a nivel nacional, el bloquear una autopista genera una psicosis no solo para quienes están en el asfalto, sino para las familias que los esperan. ¿Cómo va a reparar el daño de la angustia producida para centenares de familias que esperaban con ansiedad ver llegar sanos y salvos a sus familiares? Es importante señalar que se usa el poder para aplastar el derecho del ciudadano y es también responsable el alcalde de Cuauhtémoc de las pérdidas generadas en la cadena logística para el movimiento de cargas que se hace del puerto de Manzanillo a otros puntos de la República.
Cierro con una reflexión querido lector, las leyes están para respetarlas todos o solamente son apartados que aplican para el ciudadano que paga impuestos y que ese dinero sirve para pagarles a los políticos que violan la ley. Esperemos que también se sancione todo lo que desencadeno el berrinche de Rafael Mendoza, porque su derecho de manifestarse, termina en donde inicia el mío y el de usted de transitar libremente.