*Congreso exhortará que se investigue a la juez que autorizó el desalojo de las 50 familias, quien presuntamente está en contubernio con la empresa y el apoderado legal, expone diputado Héctor Magaña.
Óscar Cervantes|COLIMANOTICIAS
Villa de Álvarez, Col.- Por más de una semana, la incertidumbre de aproximadamente 50 familias de la colonia Fovissste-Villa Izcalli aumenta conforme pasa el tiempo, debido a que la empresa constructora JAIS que pretende desalojarlos no quiere llegar a un acuerdo económico con base en la situación financiera que enfrenta cada una de las personas.
Sobre el particular, el diputado del PRI, Héctor Magaña Lara, refirió que lamentablemente la situación es la misma porque se desconoce en qué momento el actuario, con el apoyo de la fuerza pública, ejecutará la orden judicial.
Por tal motivo, algunas familias están buscando el amparo colectivo y otras de tipo individual pero consideró que cada una de las personas debe ser escuchada en juicio, porque es un derecho que tienen.
Reveló que se armó un expediente de cada una de las viviendas para conocer la situación económica y jurídica, donde el resultado arrojó que 25 familias tienen sus documentos en regla desde hace 25 años, cuando pagaron los 75 mil pesos que les costó su casa.
Algunos otros tienen sus documentos donde hicieron los pagos a Fovissste e instituciones bancarias para saldar los adeudos con la casa.
“Por ello, tienen derecho de ser escuchados por la ley, toda vez que el resto de las personas fueron engañadas por los primeros dueños de las casas, quienes las ofertaron en 10 y 15 mil pesos”, expresó.
Sin embargo, el legislador lamentó que no tienen documentos de Fovissste y créditos bancarios, donde se busca apoyarlos y llegar a un acuerdo.
En ese sentido, el legislador reveló que conversó sobre el tema con el gobernador Ignacio Peralta quien se comprometió a llevar a cabo un análisis de los predios y buscar una solución.
Héctor Magaña dijo que también presentará un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar al Poder Judicial investigar a la juez Cristina Arroyo Brizuela que resolvió el tema en cuatro meses, cuando hay casos similares que tienen más de siete años.
“Podemos presumir de un posible contubernio entre la juez y el empresario, así como el apoderado legal, ya que en la oficina de la juez pactan, acuerdan y presionan”, puntualizó.
Dijo tener conocimiento que algunos vecinos acudieron a platicar con la juez para que reconsidere su actuar y que su respuesta fue “la ley es fría y si sabían el problema que tenían las casas para qué se metían”.
Cabe hacer mención que los vecinos continúan organizados con silbatos y realizan patrullajes entre ellos para evitar ser desalojados de un momento a otro.