En este acto donde también estuvieron presentes Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el diputado Juan Roberto Barbosa López y Rogelio Rueda de León, Representante del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal se informó que esta propuesta busca lograr un cambio de fondo y hacer realidad las aspiraciones sociales de justicia, incrementar la confianza en las instituciones y revertir la percepción actual de que los procesos penales son largos, tortuosos y en ocasiones injustos, así como hacer presentes los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, economía y concentración; dicho en otras palabras, que predomine la palabra hablada en la audiencia pública.
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México.
El Constituyente Permanente propuso un sistema en el que se respeten los derechos de la víctima u ofendido, así como del imputado de quien se presumirá su inocencia desde el inicio para que el proceso se fortalezca y se garanticen los derechos humanos de todos los involucrados en una investigación o procedimiento penal. El Nuevo Sistema de Justicia Penal se basa en dos apartados:
1.- En un sistema acusatorio adversarial, en el cual el juez decide de manera imparcial y con igualdad entre las partes (el ministerio púbico que acusa y el abogado defensor que asesora al acusado).
2.- En que los conflictos se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias, las cuales darán transparencia al proceso y serán grabadas para acabar con el sistema de expedientes escritos.
Entre los objetivos clave de este Nuevo Sistema de Justicia Penal está el modernizar la administración de justicia para que sea más eficaz y transparente, mejorar la atención a las víctimas del delito, promover la reparación del daño y transparentar los procesos penales, teniendo como sustento la investigación científica.
Con la representación del gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, el Secretario General de Gobierno afirmó que el Estado de Colima a través de sus instituciones representativas de la impartición de la justicia se aproxima a la entrada en vigor del nuevo código procesal, consistente en un sistema de justicia penal, oral y público.
Este gran esfuerzo en el que participa el Gobierno del Estado a través del Poder Judicial, coadyuva al fortalecimiento del andamiaje institucional que permite dar vida a la balanza de la justicia, y que el derecho y la verdad brillen como garantía para una sociedad que desea vivir en mejores condiciones, con paz, con seguridad y con unidad, aseguró el funcionario.
El gobierno encabezado por Mario Anguiano Moreno está comprometido en los hechos y no sólo en las palabras para garantizar a todos los ciudadanos una impartición y procuración de la justicia transparente, oportuna y satisfactoria para que la senda de la legalidad y el derecho sigan siendo las vías para el desarrollo de nuestra entidad, en todos sus aspectos, refirió Rodríguez Alcaraz.
Por su parte, Rafael García Rincón mencionó que a partir de este suceso iniciará el trabajo en varios ejes como el de planeación, el de normatividad, el de infraestructura, el de capacitación y el de difusión.
Así mismo, Juan Roberto Barbosa López explicó que en Colima se cuenta con una ventaja a diferencia de otras entidades; los tres poderes del estado trabajan de manera coordinada para obtener los resultados deseados con la mayor prontitud y eficacia que el tema amerita. Es importante destacar -dijo- que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Colima representa una oportunidad para acreditar el trabajo que realiza a favor de la sociedad colimense el Gobierno del Estado.
Finalmente, Rogelio Rueda certificó que Colima se encuentra en el cuadrante dos de cuatro, grado de avance para la implementación del sistema acusatorio, por tal motivo es necesario reforzar los demás ejes rectores para la debida implantación del sistema, reforzar el consenso político, continuar con la capacitación de los operadores, sensibilizar tanto a las instituciones como la ciudadanía para evitar la resistencia al cambio y por último la integralidad entre las instituciones para que haya un adecuado intercambio de la información y gestión de los procesos.