*Federico Rangel precisa versiones de legisladores panistas emitidas a los medios de comunicación
Redacción|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Al emitir su posicionamiento en torno al reciente veto gubernamental, el diputado y coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado, Federico Rangel Lozano, desmintió las versiones emitidas ante los medios de comunicación por algunos diputados de la fracción panista en el Congreso del Estado.
Al hablar en tribuna con la representación del grupo legislativo del PRI, así como de los diputados únicos de los partidos Nueva Alianza y Del Trabajo, Rangel Lozano, aclaró que nos real que se llevaron a cabo reuniones previas de trabajo con funcionarios del Ejecutivo, a partir de que el gobernador envió los proyectos de presupuesto y de la ley de ingresos, como ellos lo dijeron.
Precisó que sí hubo algunas reuniones con funcionarios, convocadas por la Comisión de Hacienda, pero no para analizar con detalle las partidas correspondientes a sus áreas, ni para formular propuestas concretas sobre reducciones o reasignaciones a partidas específicas, sino para formularles preguntas sobre cuánto habían gastado en 2015, 2014 y 2013, la estructura de sus dependencias y otro tipo de información relacionada con ellas.
Dijo que en dichas reuniones, en las que no estuvieron representantes del equipo técnico de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dependencia del Ejecutivo que elaboró el presupuesto, para nada los diputados manifestaron a los funcionarios citados acerca de su intención de llevar a cabo los decrementos e incrementos al presupuesto que, finalmente aprobaron nuestros 15 compañeros, la madrugada del 16 de diciembre.
El legislador indicó que los diputados no dijeron tampoco, “que en ningún momento convocaron al diputado Santiago Chávez, uno de los cinco integrantes de la Comisión, a ninguna reunión para elaborar el dictamen correspondiente que, finalmente, redactaron”.
Sobre los dichos de que no pudieron analizar ni debatir el presupuesto, porque los diputados minoritarios abandonamos el recinto parlamentario, Rangel Lozano indicó que no es veraz también, pues nunca se llevó a cabo ninguna reunión pública de la Comisión dictaminadora, “a la cual, nuestro compañero Santiago Chávez o alguno de nosotros, como es nuestro derecho, pudiéramos haber asistido y darnos cuenta de la decidida intención de introducir cambios al presupuesto”.
Así mismo, aclaró también que nunca le hicieron llegar al Ejecutivo alguna propuesta concreta para introducir cambios al presupuesto, como debió haber sido en acatamiento de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado.
Indicó que en ningún momento, desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre, la Comisión de Hacienda ni se ajustó ni respetó esta ley, aprobada por el propio Congreso. Nunca contactó con el Ejecutivo ni con la Secretaría de Planeación y Finanzas, para intentar siquiera consensuar cambios en el presupuesto.
Respecto a las versiones de que los errores en el presupuesto aprobado se deben a errores de dedo, el legislador priísta, indicó que no es posible que por error de dedo se hayan equivocado en casi 80 millones de pesos y en otros renglones adicionales.
Señaló que primero introdujeron decrementos en varias partidas por una suma de 381 millones 494 mil 781 pesos y, al final, aprobaron incrementos en otras por 461 millones 363 mil 781 pesos. Una disparidad de 79 millones 869 mil pesos.
Por otra parte, el coordinador de los diputados del PRI, señaló que los legisladores panistas aseguran que no hay reasignación es de recursos federales, porque aún no se han recibido ni se han gastado en destinos diversos a los autorizados, lo cual no es consecuente, pues el solo hecho de reasignar esos recursos, que sí se contienen en la Ley de Ingresos, aprobada no está de conformidad con el destino del Decreto 41, que es muy diferente al concertado con el gobierno federal y aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por otra parte también afirman –señaló Rangel Lonzano- que no deben de contenerse en el Presupuesto colimense los convenios para concertar recursos con la Federación, lo cual no tiene fundamento legal subrayó el legislador, si esa es su decisión y determinación, debieron haberlo previsto en la ley de ingresos y retirarlos, sentenció.
En este contexto se refirió al artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, demostrando con ello, el por qué el Ejecutivo incluyó esos recursos en la ley de ingresos y en el presupuesto.
Finalmente y respecto a las afirmaciones de que las reducciones por 218.8 millones de pesos que la mayoría introdujo al presupuesto de egresos, afectando 10 dependencias del Ejecutivo, deben aplicarse a otros rubros y que no es cierto de que la falta de esos recursos provocaría la baja de más de mil trabajadores.
El diputado priista señaló que si llegaría a afectar a los trabajadores y ejemplificó con el caso de la Secretaría de Seguridad Pública.
El Decreto 41 determinó retirarle 29 millones 725 mil pesos a esta dependencia, de acuerdo a la distribución por capítulos de la misma, observaremos que de los 515 millones 762 mil pesos que le asignó el Ejecutivo en su iniciativa, el Decreto aprobado los disminuyó a sólo 486 millones 36 mil pesos. De la cantidad presupuestada originalmente, 473.3 millones son de recursos propios, en los que sí se pueden intentar reducciones, distribuidos de la siguiente manera: 369.8 millones del rubro Servicios Personales, 85.1 millones de Materiales y suministros y 18.3 millones de Servicios generales.
El resto, 42.4 millones, corresponden a subsidios para la seguridad pública municipal, recursos contenidos en el convenio respectivo signado con la Federación, que forma parte del Fondo Estatal de Seguridad Pública.
Por lo tanto, dijo, si se efectúa una rebaja en estos recursos, no podrá Colima aportar su porcentaje en la mezcla de recursos con la Federación y recibir de ella la parte correspondiente.
Cuestionó a la vez, si acaso los diputados que aprobaron el presupuesto piensan que esos 29.7 millones de pesos deben afectar a materiales y suministros, para dejar de comprar armamento, municiones, patrullas o hacer reparaciones en ellas o bien para dejar de operar los 4 CERESOS que tienen la entidad; entre otras partidas fundamentales para la operación de la seguridad pública en la entidad.