TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Como no podía suceder de otro modo, ha ganado primeras planas el anuncio del posible desafuero del gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien presuntamente, según la FGR, tuvo o mantiene relaciones con un cartel y podría haberse beneficiado de ellas desde 2004, fecha en la que inicio su carrera política que, al paso de poco tiempo, lo llevó al palacio principal de Tamaulipas.
El lector debe recordar que, junto con otros gobernadores, formó un bloque opositor a varias políticas presidenciales, lo que fundó una respuesta tajante suya al considerar como una “venganza” en su contra la acción del régimen federal de denunciarlo y posteriormente juzgarlo. Seguro que otros colegas suyos comenzarían a preocuparse por la suerte que le podría tocar al gobernador norteño. De hecho, están como calladitos los otros nueve, bien portaditos, flojitos y cooperando pues el de Jalisco, Enrique Alfaro, puso pies en polvorosa sobre esa relación con el tamaulipeco. No vaya a ser que también se la apliquen, ha de pensar.
Comentaristas diversos han recordado que ese trámite de desafuero se efectúa en fechas cercanas a las elecciones y empatará prácticamente con estas pues terminará el 28 de mayo, según dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho. Por supuesto que ese calendario hacia la aplicación de la justicia mueve a suspicacias y ya la dirigencia panista y otros políticos connotados de esa filiación le han expresado su solidaridad a FJCV. Lo cierto es que muchos panistas que están en el poder se tapan con la misma cobija de la corrupción, no pueden presumir de rectitud. Uno de los defensores de FJCV, imagínese usted, es Diego Fernández de Ceballos. Está dicho todo.
Pero al margen de ello, de ese compañerismo complaciente, la ley tiene que aplicarse y la verdad salir a flote. El presidente Amlo prometió que en su gobierno no toleraría la corrupción, aunque es deseable que envíe un mensaje y lo sustente en hechos en el sentido de que la corrupción se combate hasta entre los suyos, familiares y amigos. Concerniente al tema de hoy, hay datos que permiten intuir corrupciones del gobernador al encontrarse cuentas bancarias a nombre de varios de sus familiares, que podrían enfrentar también problemas pues tendrían que explicar orígenes del dinero que llenó sus cuentas tan milagrosamente y las múltiples propiedades que poseen en el país y en Estados Unidos.
Por no explicar esas millonadas, es que al gobernador le acusa la Fiscalía de delincuencia organizada, de hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita y de defraudación fiscal equiparada. Una denuncia anónima en el estado de Texas refirió, por ejemplo, que los bienes que tiene ahí ascienden a 921 millones de pesos. Más de 30 propiedades se le reconocen al gobernador en el país vecino. En resumen, se está en la presencia de movimiento de capitales y adquisición de bienes a nombre de él y de sus familiares, que por ahora no tiene explicación.
A los mexicanos no impacta que el presidente ratifique en sus discursos que no es partidario de venganzas contra nadie, ya chole esa expresión, y exigen en cambio que la 4T vaya hacia adelante sin vacilaciones. El barrido de las escaleras debe hacerse sin excepciones. En esa tarea deben considerarse las conductas presuntamente ilícitas que cometen funcionarios federales o parientes o amigos suyos. Ha de haber tabla rasa para castigar la corrupción.
Ese fenómeno nocivo, que sangra a México, nos ha golpeado durante muchos años, nos avergüenza a todos reconocerlo pues casi es como una cultura, un modo de vida que ha dejado en cueros a millones de mexicanos y sin opciones de una vida mejor. La clase empresarial y muchos políticos encumbrados se han enriquecido hasta donde han podido y hay los que han llegado a gobernar las entidades y no están satisfechos aún con lo que arañan mediante el tráfico de influencias o con el abuso en el manejo de presupuestos, sino que han terminado aliados con criminales para extender su poder económico. Es decir, se han aliado contra México.
Sin embargo, el circo mediático ha de continuar todos los días. Se avanza muy lento en investigaciones (Caso Lozoya). Incomoda, por cierto, que cuando se inicia un expediente criminal, las autoridades digan que algunos indicios de conducta de presuntos responsables, daten de 5 0 10 años atrás y que tengan que ser autoridades estadounidenses las que muestren más interés en investigar casos de narcotráfico o pillaje de altos funcionarios.
Aunque en la actualidad debe haber más casos como el del gobernador tamaulipeco, celebremos que se haya dado un paso adelante en la lucha contra la corrupción al existir la voluntad presidencial de enjuiciarlo. Si la 4T sigue adelante, podría haber luego más aprehensiones de exgobernadores, que andan a salto de mata por haberse corrompido o por ser condescendientes de malas compañías. Pueden ver al diablo en estos meses de competencia electoral para enardecer a las audiencias.