Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere demostrar que sus Lineamientos Generales para la Protección de las Audiencias fortalecen el derecho a la información y no constituyen un mecanismo de censura, entonces debería comenzar por aplicarlos en la Mañanera del Pueblo, el espacio de comunicación gubernamental más importante del país y que, además, se produce con recursos públicos.
Ahí tendría la oportunidad de mostrar, con ejemplos concretos, cómo actuaría la autoridad reguladora para distinguir entre hechos, opiniones y propaganda.
Por ejemplo, cuando la presidenta afirma que “los gobiernos del pasado eran muy corruptos”, ¿esa afirmación constituye un hecho plenamente acreditado o una opinión política? Si se trata de un hecho, tendría que acompañarlo de las pruebas que lo sustenten. Si se trata de una valoración política, entonces la audiencia tendría derecho a saber que se encuentra frente a una opinión y no ante un hecho jurídicamente demostrado.
Lo mismo ocurriría cuando se utilizan calificativos como “fifís”, “mafia del poder”, “conservadores”, “corruptos” o cualquier otro término empleado para descalificar adversarios políticos. Sería interesante observar si la autoridad reguladora consideraría que esas expresiones cumplen con los principios de veracidad, imparcialidad y diferenciación entre información y opinión que ahora pretende exigir a los medios de comunicación.
Y esto por simple reciprocidad. Porque si el régimen considera indebido que se le denomine “narcogobierno” o “narcopartido”, también tendría que renunciar a utilizar expresiones peyorativas para referirse a quienes piensan distinto. Las reglas, si realmente buscan proteger a las audiencias, deben aplicarse por igual a todos.
En lo personal, considero que una democracia debe tolerar incluso expresiones ásperas o incómodas, precisamente porque la libertad de expresión adquiere mayor valor cuando protege aquello que incomoda al poder. Pero si el gobierno insiste en regular el lenguaje público, lo mínimo exigible es que empiece por regular el suyo.
Otro ejercicio igualmente ilustrativo sería revisar el uso de los eufemismos oficiales. Las audiencias tienen derecho a saber cuándo una expresión técnica sustituye deliberadamente una descripción precisa de los hechos.
Porque no es lo mismo informar que un tren se descarriló que hablar de una “interrupción del flujo sobre la vía”; como tampoco es igual informar sobre un incendio que denominarlo “incidente menor”. El lenguaje también construye percepciones y, cuando se utiliza para suavizar o minimizar hechos públicos, deja de cumplir una función informativa para convertirse en propaganda.
Precisamente por eso la Mañanera debería convertirse en el primer laboratorio de estos lineamientos. Si la regulación que propone la presidenta realmente fortalece el derecho de las audiencias, no tendría por qué existir inconveniente alguno en comenzar aplicándola al principal instrumento de comunicación de su propio gobierno.
Dos puntos
Y no hablemos de las mentiras. La presidenta aseguró recientemente que nunca fue un compromiso de campaña prohibir el fracking en México. Sin embargo, existen videos de sus asambleas y de actos públicos donde sostuvo exactamente lo contrario: que durante su gobierno no se utilizaría esa técnica para la extracción de hidrocarburos. Si los nuevos lineamientos buscan proteger a las audiencias frente a información falsa o engañosa, quizá convendría empezar por ahí.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.