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Chiapas.- La tarde de ayer jueves, el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad.
El juez Carlos Inocencio Morales Urbina lo consideró “un peligro para la sociedad”, por lo que el imputado permanecerá en el penal El Canelo, en Chiapa de Corzo.
Como se retoma del medio digital LATINUS, el médico urgenciólogo en el área Covid-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), fue detenido el pasado 25 de julio debido a que solicitó a la familia de un paciente medicamentos para tratarlo, “siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario”, argumentó la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE).
Mientras se desarrollaba la audiencia judicial del doctor Grajales Yuca, la FGE ofrecía una conferencia de prensa para informar sobre los avances del caso.
El fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el 28 de julio se inició otra carpeta de investigación en contra del doctor, derivada de la denuncia interpuesta un hombre identificado como José Gustavo Cervantes Yáñez.
En una videograbación presentada a los medios de comunicación, Cervantes Yáñez, aún convaleciente de Covid-19, dijo no ser derechohabiente del ISSTECH y aseguró que el doctor Grajales Yuca le solicitó dinero para recibir atención integral en el Hospital de Especialidades Vida Mejor.
“El doctor dijo que él me podía ingresar al ISSTECH, pero que tenía un costo”. Más tarde, agregó Cervantes, una mujer de origen colombiano, llamada Ana Paula Rubiano, se presentó en su casa, “y me manifestó que la habitación costaría entre 550 mil y 650 mil pesos”. Al final, el agraviado dijo no haber contratado el servicio.
En la conferencia de prensa estuvieron la primera denunciante, Karen Alejandra Ramírez Molina, y la doctora Ana Paula Rubiano Murcia, a quien presentaron como trabajadora del ISSTECH y colaboradora del doctor Grajales Yuca.
La doctora Ana Paula, dijo el fiscal, se acogió al criterio de oportunidad en su calidad de testigo colaboradora. Ella, agregó, ha informado de hechos en los que “participó por instrucciones de Gerardo Vicente N (…). Narra que existen complicidades entre servidores públicos (…). A partir de su testimonio (vamos) a investigar a toda la estructura directiva del ISSTECH”.
El funcionario aclaró que la base trabajadora del sector salud no está sujeta a investigación, pues según la información proporcionada por la doctora Ana Paula, “en ningún momento participan médicos de base, ni médicos que no tienen ninguna jerarquía en la estructura del ISSTECH”. Enfatizó que el testigo colaborador les permitirá ahondar en las investigaciones para encontrar a quienes ofrecían atención médica en el ISSTECH a cambio de dinero.
El hospital de especialidades Vida Mejor es una institución pública que atiende a los trabajadores del gobierno del estado de Chiapas, “en donde se permite tener enfermos no derechohabientes, con un manejo como si fuera una institución particular (…). Para la emergencia de Covid armaron lo que aquí denominamos un Bunker Co-VIP, en donde se le daba atención a políticos y familiares de políticos”. Comentó el doctor Radamés Ramírez Cano, vicepresidente de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Chiapas.
Testimonios de médicos del hospital, aseguraron que “cuando el paciente no es derechohabiente la atención tiene un costo”. Sin embargo, dijeron desconocer cómo se realiza el pago y si el dinero ingresa a las arcas del ISSTECH.”.
Lo que sí, dijeron, es que ningún paciente Covid, no derechohabiente, podía ingresar sin el permiso de subdirector del ISSTECH, Marco Antonio Ordoñez. Eran pacientes recomendados por altos directivos.
Los médicos narraron que el Bunker Co-VIP está equipado con lo mejor para atender a los pacientes. “Había hasta caminadoras, todo para que el enfermo no sufriera. Eso sí, puro político, nadie más.”.
Aquí fueron atendidos la señora Rosa Cárdenas, madre del gobernador Rutilio Escandón; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; Ismael Brito Mazariegos, secretario General de Gobierno; la madre de la diputada local Dulce Rodríguez; entre muchas otras connotadas personalidades del ámbito político en Chiapas, o sus familiares.
El doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, como jefe del área Covid del hospital, los atendió a todos, incluido el político Miguel Arturo Ramírez López, quien no sobrevivió al virus y cuya hija denunció al galeno.
Un doctor con una trayectoria ejemplar
Los compañeros del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca lo describen como un médico ejemplar, en la primera fila de batalla desde el principio de la pandemia.
Consideran que en el caso del doctor Grajales hay tráfico de influencias y que su detención fue arbitraria. Y Si el doctor fuera culpable, opinan, tiene derecho a un juicio justo.
El médico neurocirujano, Radamés Ramírez Cano, aseguró que Grajales Yuca es un médico urgenciólogo con una trayectoria intachable, destacado en la lucha contra el coronavirus. “El problema es que el doctor Grajales siempre fue muy insistente en solicitar equipo, en pedir que se corrijan las deficiencias. Están queriéndole fincar el delito de asociación delictuosa (…)porque ha exhibido las deficiencias de la institución en donde trabaja.”.
Los días previos a la captura
Ocho días antes de ser detenido, al doctor Grajales Yuca le dijeron que le darían la base como trabajador del ISSTECH, para lo cual tenía que firmar su renuncia como trabajador de confianza y después de dos meses de interinato le asignarían su plaza.
Sin saber que le estaban integrando una carpeta de investigación, el doctor firmó la renuncia. El pasado 25 de julio recibió una llamada en su casa y dijo a su familia que saldría porque el director del ISSTECH le había pedido atender un paciente grave en el hospital Vida Mejor. A una cuadra de su casa, el doctor fue interceptado por agentes de la Fiscalía General del estado de Chiapas, y desde entonces está preso.
Ayer, luego de vincularlo a proceso, el juez de control, Carlos Inocencio Morales Urbina, dictó un periodo de cuatro meses para el desahogo de pruebas.
Mientras tanto las manifestaciones de apoyo al médico continuaron por cuarto día. Este viernes, amigos, familiares y compañeros de trabajo marcharon nuevamente por las calles de Tuxtla Gutiérrez para demandar su libertad.
Algunos de sus colegas en Chiapas han empezado a organizar varias acciones, entre ellas un día sin médicos, que planean para el próximo lunes 3 de agosto.
Con información de LATINUS